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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue instalada en Venezuela el 30 de julio de 2017 con el objetivo principal de realizar la redacción de una nueva Constitución que permita perfeccionar y ampliar la Constitución establecida en 1999, garantizar la Paz y la justicia y establecer la seguridad jurídica y social del pueblo.
La Constituyente prometió a los venezolanos paz y estabilidad económica, y ha aprobado un conjunto de leyes para combatir la guerra económica.
Una de las primeras acciones de la ANC fue aprobar la remoción de Luisa Ortega Díaz como Fiscal General el 5 de agosto de 2017, designando en su lugar a Tarek William Saab. Con la designación de Saab, la justicia llegó al país y con la ANC llegó la paz y la tranquilidad a Venezuela.
El Decreto Constituyente aprobado el 30 de agosto de 2017 mediante el cual se instaura un gran Diálogo Nacional Constituyente para el perfeccionamiento del modelo de economía productiva y diversificada que requiere la República Bolivariana de Venezuela.
El 6 de noviembre de 2017 fue creado por la Ley Constituyente el Conglomerado Agrosur
La cual tiene por objeto crear un conglomerado agrícola denominado AGROSUR, integrado por las empresas del sector agrícola que a tal efecto indique la Ministra o Ministro con competencia en materia de agricultura productiva y tierras, cuya asociación tendrá por finalidad la unidad de orientación, planificación, ejecución y fines, en la producción, industrialización, comercialización y financiamiento de bienes y servicios agrícolas, sobre la base de criterios de cooperación y máxima eficiencia, a través de una organización racional adaptada a las necesidades sectoriales y las particularidades regionales y locales, para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.
El 22 de noviembre de 2017 fue aprobada La Ley de Abastecimiento y Precios Acordados
Esta ley tiene como objeto establecer los principios y bases fundamentales para el Programa de Precios Acordados, mediante el diálogo y la corresponsabilidad entre los sectores público, privado, comunal, y de las trabajadoras y trabajadores, a través del estímulo a la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que el Ejecutivo Nacional declare como priorizados, considerando su estructura de costos, para garantizar el acceso oportuno, suficiente y de calidad a los mismos dado su carácter esencial para la vida, la protección del pueblo y de todos los actores que intervienen en la producción, distribución y comercialización, todo ello en función de la estabilidad de los precios, la paz económica y la defensa integral de la Nación.
El 21 de diciembre de 2017 se aprobó la Ley Constitucional sobre la Creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria
El objeto de esta Ley Constitucional es crear una unidad tributaria especial que será utilizada exclusivamente para determinar el monto de las multas y sanciones pecuniarias, cuya base de cálculo esté prevista en unidades tributarias, en los respectivos instrumentos normativos que las prevén, la cual se denomina Unidad Tributaria Sancionatoria.
El 29 de diciembre de 2017 se aprobó la Ley Constitucional del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero
El cual establece nuevo régimen tributario para inversionistas en el Arco Minero del Orinoco.
El 29 de diciembre de 2017 también se aprobó la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva
Esta Ley Constitucional tiene por objeto establecer los principios, políticas y procedimientos que regulan las inversiones extranjeras productivas de bienes y servicios, en cualquiera de sus categorías, para alcanzar el desarrollo armónico y sustentable de la Nación, promoviendo un aporte productivo y diverso de origen extranjero que contribuya a desarrollar las potencialidades productivas existentes en el país, a los fines de consolidar un marco que promueva, favorezca y otorgue seguridad jurídica a la inversión, garantice la soberanía económica y contribuya al bienestar del Pueblo, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. La legislación especial que regule las inversiones extranjeras en sectores específicos de la economía se aplicará con preferencia a esta Ley Constitucional, entre ellos, en materia de hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y medios de comunicación social.
El 11 de enero de 2018 fue aprobada la Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes y Obras Públicas
Esta Ley Constitucional tiene por objeto el establecimiento de normas básicas de conducta para la Administración Pública, en todos sus niveles, que promuevan la honestidad, participación, celeridad, eficiencia y transparencia en los procesos de adquisición y contratación de bienes, servicios y obras públicas. Facilita los mecanismos de control de tales procesos, y estimula la participación equilibrada de todos los agentes económicos en la inversión y justa distribución de recursos destinados a las compras públicas.
El 29 de enero de 2018 se aprobó la Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción
Esta Ley Constitucional tiene por objeto regular la constitución, organización y funcionamiento del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como el reconocimiento de la organización de las instancias de agregación y participación y organizaciones de base del Poder Popular, para asegurar la producción, abastecimiento y distribución de los alimentos y productos, a fines de garantizar, la independencia, el bienestar social del Pueblo, la seguridad alimentaria y el desarrollo integral de la Nación
El 6 de febrero de 2018 fue promulgada la Ley Constitucional de Los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores
La presente Ley Constitucional tiene por objeto regular la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores, para la participación protagónica de la clase obrera y demás expresiones del Poder Popular en la gestión de la actividad productiva y distribución de bienes y servicios en las entidades de trabajo públicas, privadas, mixtas y comunales, a fin de garantizar el desarrollo productivo de la Nación y su acceso oportuno para el Pueblo, en aras de fomentar una nueva conciencia y cultura de trabajo.
El 9 de Abril 2018 se anunció el Decreto Constituyente sobre Criptoactivo y Criptomoneda Petro
El objeto de este Decreto Constituyente es establecer las bases fundamentales que permiten la creación, circulación, uso e intercambio de criptoactivos, por parte de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, residentes o no en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela y en especial el Petro, Criptomoneda venezolana, creada de manera soberana por el Ejecutivo Nacional, con el firme propósito de avanzar, de forma armónica en el desarrollo económico y social de la Nación, a través de su ofrecimiento como criptoactivo alternativo para el mundo, dado su carácter de intercambiabilidad por bienes y servicios.
La ANC activó en todo el territorio nacional distintos procesos de debate y de consulta ciudadana sobre temas importantes que requieren el debate de todos los sectores del país trabajando de la mano el pueblo.
