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La primera dama de Perú enfrenta una acusación de tráfico de influencias en la modalidad de crimen organizado.

La primera dama de Perú enfrenta una acusación de tráfico de influencias en la modalidad de crimen organizado. | Foto: Prensa Latina

Publicado 15 octubre 2022



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Para el juez Raúl Justinian, el Ministerio Público no acreditó que la ausencia temporal de la primera dama podría perjudicar la investigación.

Un juez peruano rechazó este viernes la solicitud de la Fiscalía para impedir la salida del país de la primera dama Lilia Paredes durante 36 meses, investigada por presunta coordinación de una organización criminal junto a su pareja, el presidente Pedro Castillo.

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El magistrado Raúl Justiniano argumentó ante la corte que el Ministerio Público no acreditó suficientemente que la ausencia temporal de la primera dama podría perjudicar la investigación.

“Respeto la decisión de la Justicia al rechazar el pedido de mi impedimento de salida del país. Ello fortalecerá mi trabajo como primera dama que atiende a los infantes y a la población más vulnerable de nuestra patria. De igual forma, seguiré colaborando con la justicia”, publicó Paredes en su cuenta de Twitter.

A pesar de la negativa al impedimento de salida, el juez dictó comparecencia con restricciones para la primera dama, lo que implica que deberá reportarse ante la Fiscalía.

Por otra parte, Paredes no podrá ausentarse de su lugar de residencia sin permiso judicial, no deberá presentarse en el Ministerio de Vivienda ni en el de Transportes y Comunicaciones; así como no trasladarse a los municipios de Chadín, Anguía, Cajatambo y Chachapoyas.

Además, Paredes deberá pagar una fianza de 10.000 soles (unos 2.500 dólares), aunque la Fiscalía había solicitado un pago de 100.000 soles.

El juez también rechazó los mismos impedimentos e impuso comparecencia con restricciones para los hermanos de la primera dama, Walter y David Paredes y el abogado Hugo Espino, presuntos cómplices de la organización criminal, aunque les impuso multas un poco más elevadas.

Al finalizar la audiencia, la Fiscalía aseguró que apelaría el fallo del juez para insistir en la prohibición de viaje al extranjero para todos los imputados, quienes podrían enfrentar penas entre ocho y 16 años de cárcel.


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