JEP de Colombia pide investigar crímenes contra firmantes de paz

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia solicitó este miércoles a la Procuraduría General de ese país que investigue posibles errores que pueden estar entorpeciendo el mandato constitucional de brindar garantías de seguridad a firmantes del Acuerdo de Paz.

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La solicitud tuvo su génesis en la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, luego de que conociera las circunstancias y patrones en torno al asesinato de 35 exrebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Estos excombatientes se desmovilizaron y, tras recibir amenazas de muerte, habían solicitado garantías para su vida a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Con anterioridad, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP había analizado lo ocurrido a esas 35 víctimas, el tipo de medidas adoptadas para protegerlos y hasta dónde se implementaron realmente.

En su análisis, la UIA detectó al menos cinco fallas, localizadas en la evaluación del nivel de riesgo a que se exponía cada firmante de paz, la remisión de las solicitudes de protección a la Subdirección Especializada de la UNP y las respuestas oportunas a estos pedidos.

La indagación de la UIA también reveló que hubo omisión o ausencia de implementación de medidas de seguridad que fueron ordenadas, y falló la articulación y comunicación entre diversas oficinas de la UNP respecto al tema.

Entre otros errores, la UIA señala que considerando los 35 asesinatos, hubo un promedio de diez meses entre la solicitud de protección y el asesinato del exguerrillero, e instó a agilizar ese procedimiento.

Apuntó que la mayoría de los casos quedaron en la etapa de análisis de riesgos, y en otros se subvaloró el peligro a que se enfrentaban las víctimas: se les consideró de riesgo ordinario y, sin embargo, terminaron asesinadas.

También se cuestionó cómo se adoptaron medidas blandas para proteger a nueve de las víctimas, las cuales vivían en zonas con alta presencia de grupos armados ilegales.

Asimismo, la UIA mostró los casos de los excombatientes Edwin Herney Barrios Parra y Carlos Cemilo Iter, a quienes la UNP les confirió medidas de protección varios meses después de haber perdido la vida de manera violenta.

En su análisis del tema, la JEP subrayó que en muchos casos los firmantes de paz son asesinados por no aceptar ofrecimiento de los grupos armados ilegales y en otros casos se tienen que desplazar o terminan reincidiendo.

Luego de las deliberaciones, se le ordenó a la UNP que presente en un plazo de 20 días un plan de acción para corregir estos problemas.