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El Gobierno de Luis Arce tiene por delante, según ha declarado, el hacer justicia en todos los casos de corrupción y represión que tuvieron lugar durante el régimen de facto.

El Gobierno de Luis Arce tiene por delante, según ha declarado, el hacer justicia en todos los casos de corrupción y represión que tuvieron lugar durante el régimen de facto. | Foto: Twitter: Luis Arce

Publicado 26 noviembre 2020



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Se trata de investigaciones contra varios exfuncionarios del Gobierno de facto de Áñez, acusados de varios delitos

El cambio de gobierno en Bolivia, con la asunción de Luis Arce, el cual puso fin al régimen de facto de Jeanine Áñez, abrió el capítulo de la huida de varios exministros y exfuncionarios, algunos de ellos con investigaciones judiciales abiertas.

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Varios de los exfuncionarios son investigados en casos de corrupción durante el ejercicio de su cargo de un año, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, el tiempo que duró el régimen de facto de Áñez y otros son cuestionados por su participación en las masacres y actos represivos registrados durante ese tiempo.

La exgobernante de facto, Jeanine Áñez, sin embargo, aún no ha sido requerida por la Justicia, mientras que otros salieron del país burlando órdenes de aprehensión en su contra y llegaron a Estados Unidos, según reportes de la Policía Nacional, de Bolivia.

La Asamblea Legislativa Plurinacional avanza en la realización de un juicio de responsabilidades contra el gabinete de Áñez por delitos de lesa humanidad, en relación con la firma del decreto 4078, con el cual, según el parlamento boliviano, le dio vía libre para que las fuerzas conjuntas repriman a la población, incluso maten, sin que deban rendir cuentas ante la Justicia por ello. 

De momento, los fugados de más renombre son Arturo Murillo y Luis Fernando López, quienes fungieron como ministros de Gobierno y de Defensa, respectivamente, durante el régimen de facto, y habrían salido del país el 5 de noviembre último, tres días antes de que finalizara el Gobierno de Áñez. Se los acusa de haber comprado agentes químicos para las fuerzas policiales con un sobreprecio de 2 millones de dólares.

Otro de los exfuncionarios bajo investigación es Marcel Rivas, quien era director de Migración, acusado de haber facilitado la huida de Murillo y López, así como de haber emitido de manera ilegal 495 alertas migratorias contra políticos, periodistas, empresarios y otras personas consideradas opositoras al régimen de Áñez.

Por su parte, el exviceministro de Gobierno Javier Issa también se encontraría en Estados Unidos, según la Policía Nacional y está acusado de haber participado del robo y quema de la libreta de servicio militar del expresidente Evo Morales; en un caso en el cual también está detenido el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) Iván Rojas, quien además tiene una causa junto a su esposa por legitimación de ganancias ilícitas.

El listado de los exfuncionarios sujetos a investigación abarca también a Víctor Hugo Zamora, quien estaba al frente del Ministerio de Hidrocarburos, por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes y Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación de Áñez, pero no se descarta que siga creciendo. 


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