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En República Dominicana, las indagatorias de los sobornos asociados al escándalo de Odebrecht iniciaron en diciembre de 2016. El caso llegó a los tribunales en junio de 2017.

En República Dominicana, las indagatorias de los sobornos asociados al escándalo de Odebrecht iniciaron en diciembre de 2016. El caso llegó a los tribunales en junio de 2017. | Foto: EFE

Publicado 14 octubre 2021



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El mayor caso de corrupción en América Latina llega a su fin en el último de los países que aguardaban resolución.

Medios de prensa de República Dominicana destacan este jueves que la expectativa crece en ese país caribeño, donde se espera que un tribunal de la capital, Santo Domingo, dicte sentencia en el juicio que se le sigue a varios personajes públicos a propósito del megacaso de corrupción Odebrecht, desatado hace casi cinco años.

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El fallo se dará a conocer este jueves y llega tras un juicio de diez meses en el cual el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, ha solicitado prisión para todos los acusados y el decomiso de bienes y cuentas bancarias.

Camacho ha dicho que está convencido que no habrá impunidad en este caso y que el tribunal debe dictar sentencia condenatoria con las evidencias que ha aportado el Ministerio Público.

El Ministerio Público solicitó a las juezas a cargo del caso pena de diez años de prisión para el empresario Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht.

Se le acusa de ser el intermediario para entregar 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios y legisladores, que servirían para que la constructora brasileña fuera favorecida con adjudicación de obras públicas.

La misma pena se espera para el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, así como siete años de cárcel para el abogado y cercano colaborador Conrado Pittaluga.

A su vez, se solicitó cinco años de reclusión para el exfuncionario Roberto Rodríguez y los exsenadores Andrés Bautista y Tommy Galán.

Entretanto, los siete imputados solicitaron a las magistradas Gisell Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo ser declarados no culpables y por lo tanto ser absueltos.

Contra ellos pesan las acusaciones de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes, cargo este que solo aplica a los dos funcionarios y dos exlegisladores. 

En el país caribeño, las indagatorias de los sobornos iniciaron en diciembre de 2016 y el caso llegó a los tribunales en junio de 2017.


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