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El pueblo español nunca ha sido consultado sobre si prefiere pagar sus impuestos en una monarquía o en una república.

El pueblo español nunca ha sido consultado sobre si prefiere pagar sus impuestos en una monarquía o en una república. | Foto: HispanTV

Publicado 16 julio 2018



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Juan Carlos I podría haber recibido una comisión de 80 millones de euros por la construcción del tren de alta velocidad AVE a La Meca.

Tras una larga lista de escándalos de la familia real, hasta este lunes se han recolectado al menos 75.000 firmas para solicitar un referendo y elegir entre república y monarquía, las firmas fueron publicadas por un medio local.

“Todo apunta a que los Borbones se han hecho ricos a nuestra costa. Y por eso parece que este es el momento de decir ‘basta’; de poder elegir de una vez por todas entre monarquía y república, y acabar así con una jefatura del Estado que lleva años sin rendir cuentas al pueblo que al fin y al cabo la sustenta”, indica la petición publicada en el Diario Público.

El medio además publicó un artículo recordando algunos de los escándalos sobre el rey emérito, Juan Carlos I, entre las que destacan presuntas comisiones ilegales, propiedades ocultas en el extranjero y la amnistía fiscal.

El escándalo más reciente revelado por la prensa sobre Juan Carlos I es que podría haber recibido una comisión de 80 millones de euros por la construcción del tren de alta velocidad AVE a La Meca.

En el mismo reportaje señalan a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una “amiga” y supuesta amante del rey emérito, quien le habría ayudado para ocultar sus propiedades en el extranjero.

La lista de escándalos no termina allí, a ella se le suman:

La fuerte controversia que generó que el rey emérito se fuera de cacería de elefantes.

Su “amistad” con los líderes de Arabia Saudí.

El caso Nóos y la condena al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin.

Varios escándalos sobre los supuestos casos de adulterio de Juan Carlos, entre otros.

La Constitución española en su Título III, capítulo segundo, artículo 92, establece que las, “decisiones políticas de especial trascendencia pueden ser sometidas a referendo consultivo de todos los ciudadanos que convoque el rey, mediante la propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”.

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