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La Nación centroamericana se encuentra entre los más violentos del mundo, la mayoría de los crímenes se atribuyen a pandillas como Barrio 18 y los Mara Salvatrucha (MS13).
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) de El Salvador, exigió este sábado al Congreso y al presidente de la Nación, Nayib Bukele, retomar propuestas presentadas por las organizaciones sociales en pro de proteger a los defensores de los derechos humanos.
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La Fespad pidió al órgano legislativo del país centroamericano que retomara el estudio respecto a una propuesta de ley de protección de defensores, presentada en 2018, asimismo, exige al Ejecutivo la implementación de una política integral de protección a personbas defensoras, que garantice un adecuado tratamiento a los casos de violaciones a derechos humanos de los activistas.
"La defensa de los derechos humanos se realiza en un ambiente hostil, donde median amenazas persecuciones, difamación y criminalización (...) Vemos con preocupación la falta de legislación y de políticas públicas orientadas al reconocimiento, protección y promoción de la labor de las personas defensoras", indica el comunicado de la Fespad.
#Campaña || "Defendiendo derechos construimos paz".
— FESPAD (@FESPAD_sv) October 25, 2019
Es preocupante la desprotección que viven las personas defensoras de derechos humanos en El Salvador, pues en el país no existe ni una Ley ni una Política que les ampare. pic.twitter.com/C2vOhPpJE7
Además, instó al nuevo procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, a brindar el apoyo necesario en la búsqueda de reconocimiento y garantías del trabajo de los activistas.
En abril del pasado año, varias organizaciones denunciaron públicamente la criminalización de su trabajo en defensa de los derechos humanos por parte de las entidades Estatales, incluyendo a las autoridades de seguridad.
De acuerdo con la activista Loyda Robles, la labor que realizan los defensores muchas veces se cataloga como protección a victimarios, una visión que, asegura, "es de las mismas instancias del Estado".
En El Salvador hay personas que aún no tienen claridad sobre el papel de las y los defensores de #DDHH, por ello, desde las organizaciones de sociedad civil, se ha considerado importante la sensibilización sobre este tema, indica Blanchi Orellana de @FESPAD_sv. pic.twitter.com/CmgWglcPgF
— FESPAD (@FESPAD_sv) October 26, 2019
La criminalización de los defensores de derechos humanos en El salvador encontró respuesta este sábado en el diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Carlos Ruiz, quien emplazó a las autoridades de seguridad para que argumentara sus denuncias sobre el presunto papel de políticos y empresarios en el alza de la criminalidad.
Ruiz demandó directamente al director de Centros Penales, Osiris Luna, que precisara ante una comisión parlamentaria quién en particular está tras los crímenes, a lo que este se negó, alegando que no podía romper la "cadena de custodia de la información", que debe llevarse ante la Fiscalía General de la República.
Esta afronta se da luego de que el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, acusara a los principales partidos de la oposición de estar tener relación con una reciente alza de los homicidios, una acusación respaldada por Luna ante una comisión creada en la Asamblea Legislativa.Por su parte, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, también compareció ante la comisión y repitió que hay políticos y empresarios tras varios asesinatos atribuidos a las pandillas, y que las pruebas serán presentadas a la Fiscalía.
La Nación centroamericana se encuentra entre los más violentos del mundo, la mayoría de los crímenes se atribuyen a pandillas Barrio 18, Mara Salvatrucha (MS13) y otras organizaciones criminales minoritarias.
En la lista de defensores asesinados en El salvador, figuran cuatro ambientalistas que se oponían a proyectos de explotación minera.
