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Los magistrados sostienen que la reforma no aplica mientras no exista una revocatoria por parte de una autoridad competente.

Los magistrados sostienen que la reforma no aplica mientras no exista una revocatoria por parte de una autoridad competente. | Foto: Prensa Gráfica

Publicado 24 septiembre 2021 (Hace 16 horas 36 minutos)



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La suspensión permitirá a los magistrados proseguir con las investigaciones iniciadas por la Comisión de la Verdad.

Un Tribunal salvadoreño ordenó este viernes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspender temporalmente la entrada en vigencia del decreto legislativo 144 que reforma la Ley de la Carrera Judicial,  una reforma legal que cesaría a más de 200 jueces sexagenarios o con 30 años de servicio.

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Se trata de La Cámara de Familia de Sección de Oriente del departamento de San Miguel, la cual encausó la orden al admitir un proceso de protección a la persona adulta mayor presentado por los jueces Rosvinda Portillo Matute y Geofredo Campos Rosa.

La instancia judicial argumenta que las reformas a la ley de la Carrera Judicial violan tanto lo que establece la Constitución de la República, así como también los derechos fundamentales, y los que otorga el Código de Familia, el cual sostiene que "en materia de familia ninguna persona gozará de fuero especial en razón de su cargo".

La Cámara de Familia ahondó que en uso de sus competencias “otorga primacía a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y a tono con lo establecido en el tratado internacional”.

La medida cautelar entrará en vigencia a partir de que la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, y firmada por el presidente Nayib Bukele entre en vigor, el sábado 25 de septiembre, la cual a tenor con lo expresado por ese ente Legal se implementó para combatir prácticas corruptas.

La Organización de Naciones Unidas y otras instituciones humanitarias señalaron que la reforma a la Carrera Judicial “es la consumación del golpe de Estado" contra el órgano Judicial de ese país centroamericano.

Uno de los jueces cesados serían Jorge Guzmán, quien en noviembre de 2020 solicitó a la Fiscalía que investigara y determinara si el presidente Bukele cometió algún delito tras el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército, dirigidos a localizar información del operativo militar que derivó en la matanza de El Mozote en 1981.

“La finalidad no solo es afectar este caso, sino otros posibles casos de graves violaciones a los derechos humanos que se pudieran tramitar. La Comisión de la Verdad recomendó la investigación de 32 casos, incluidos los atribuidos a la Fuerza Armada y al FMLN. La idea es afectarlos a todos, controlarlos a través de jueces inclinados a favorecer a los victimarios, tal como es la línea de Casa Presidencial”, indicó Guzmán.


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