La nueva medida antimigratoria de Donald Trump afectará a más de cuatro millones de inmigarntes y entrará en vigor el próximo 15 de octubre.
El gobierno de Donald Trump anunció el lunes, 12 de agosto que penalizará a los migrantes que se beneficien de ayudas sociales, negando la residencia definitiva o la ciudadanía a extranjeros que reciban subsidios en Estados Unidos (EE.UU.).
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Esta nueva reglamentación afectará directamente a más de cuatro millones de migrantes a quienes se le dificultará el proceso para recibir la nacionalidad estadounidense.
Washington sostiene que la nueva medida impedirá la entrada de inmigrantes en base a la probabilidad de que necesiten ayudas sociales.
JUST ANNOUNCED: President @realDonaldTrump will enforce a Clinton-era law to ensure that non-citizens do not abuse our public benefit programs and jeopardize the safety net needed by vulnerable Americans. https://t.co/UrZF4mCP6Q
— The White House (@WhiteHouse) August 12, 2019
La regla final de Carga Pública anunciada por Donald Trump establece un protocolo para determinar a qué extranjero el gobierno le aprobará la residencia legal permanente o una extensión de visa, y para ello tendrá en cuenta si existe o no la amenaza de que en cualquier momento se convierta en una carga pública.
Según el Gobierno estadounidense la medida ayudará a asegurar que si un extranjero entra o permanece en EE.UU. deba mantenerse a sí mismo y no depender de ayudas sociales.
Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal que vive en Estados Unidos será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un período de 36 meses.
President @realDonaldTrump is ensuring that non-citizens do not abuse American's public benefits.
— Team Trump (@TeamTrump) August 12, 2019
The Public Charge Rule will:
✅Protect public resources
✅Encourage self-sufficiency
✅Preserve the social safety net
This will protect U.S. taxpayers and uphold the rule of law! pic.twitter.com/k4K3IRLSjH
Los cambios a las “leyes federales sobre la carga pública” serán oficialmente presentados ante el Registro Federal el 14 de agosto y entrarían en vigor el 15 de octubre próximo, 60 días después de ser publicada en el registro.
La nueva regla del gobierno de Trump cambia las definiciones de “carga pública” y “beneficios públicos” que serán consideradas por oficiales de inmigración para conceder visas y cambios de estatus migratorios.
De acuerdo a la nueva medida los inmigrantes legales no podrán recibir las siguientes ayudas o subsidios prestaciones económicas por mantenimiento de los ingresos, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
Tampoco acceder a Asistencia de Nutrición Suplementaria Programa (SNAP), Medicaid, Sección asistencia 8 viviendas en el Programa de Vales de Elección de vivienda y al programa de vivienda pública subvencionada.
Los cambios a las “leyes federales sobre la carga pública” no afecta a los grupos de migrantes que se encuentren bajo al programa humanitario aprobado con anterioridad por el Congreso de EE.UU.
Entre los exentos están refugiados y asilados que tienen un temor creíble de que sufrirán persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.
Nicaragüenses y centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.
Haitianos protegidos bajo la Ley de Refugiado Haitiano de 1998, inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ), extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración y víctimas de abuso doméstico peticionario del amparo bajo la Ley VAWA.
Organismos y movimientos defensores de migrantes condenaron la nueva medida migratoria de Trump.
En este sentido el Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC) anunció que denunciará en los tribunales la nueva norma.
BREAKING: the Trump admin just finalized its "public charge" rule—a race motivated wealth test on immigrant families seeking a healthy, stable future in the US. If this goes into effect, it would have a devastating impact on millions.
— National Immigration Law Center (@NILC) August 12, 2019
We WILL fight back. Stay tuned for updates. https://t.co/o0ONPqPBLu
La directora ejecutiva de la organización Marielena Hincapié, estimó que el daño de esta política se sentirá durante décadas.
Hincapié advirtió que la media va a tener un impacto humanitario directo forzando a algunas familias a recurrir a ahorros vitales para cubrir necesidades de salud y de nutrición.
La organización Fair Immigration Reform Movement (FIRM) sostiene que al penalizar a los migrantes que tiene algún tipo de subsidio público, básicamente se está penalizando a los niños y las familias inmigrantes de bajos recursos.
Para el vocero de FIRM, Isaías Guerrero, la medida de Trump representa un ataque a la democracia, "que básicamente ha creado estos programas para poder ayudar a las familias a que salgan adelante".
El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez la acción tomada por la Administración Trump puede forzar a familias inmigrantes a escoger entre poner comida sobre la mesa y solicitar ayuda médica; o forzarlos a irse del país.
El gobierno de Trump defiende una línea dura contra la inmigración irregular y uno de los ejes de su mandato ha sido el proyecto de construir un muro en la frontera con México, una iniciativa que lo llevó a una dura pugna con el Congreso.