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El plebiscito constitucional de Chile busca replantearse, entre otros aspectos, un cambio en los derroteros de la salud y la educación.

El plebiscito constitucional de Chile busca replantearse, entre otros aspectos, un cambio en los derroteros de la salud y la educación. | Foto: @danieljadue

Publicado 23 octubre 2020


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El laboratorio neoliberal de América Latina y el Caribe se presenta como una vitrina de logros económicos y sociales

El plebiscito constitucional en Chile, el 25 de octubre de 2020, llegó tras semanas de protestas en la calle, un año antes; las cuales obligaron a las élites chilenas a pactar una salida a la crisis nacional a través de ese mecanismo. Casi 40 años después de la aprobación de la Constitución pinochetista, ¿cuál es la realidad en salud y educación?

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Chile ha sido una de las economías latinoamericanas que más rápido creció en las últimas décadas, debido a lo que el Banco Mundial denomina "un marco económico sólido, que le ha permitido amortiguar los efectos de un contexto internacional volátil y reducir la pobreza". Sin embargo, el propio BM reconoce que "más del 30 por ciento de la población es económicamente vulnerable y la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada".

El estallido social de 2019 reflejó una frustración difundida con amplitud entre la población ante la elevada y persistente desigualdad de oportunidades, la cual se mantuvo a pesar de las importantes mejoras en los resultados sociales globales. Aunque el BM expresa que entre 2006 y 2017, Chile habría reducido la pobreza de 19,6 por ciento a 3,7 por ciento, la desigualdad de ingresos medida según el coeficiente de Gini, se mantuvo en cerca de 0,44 en 2017, lo cual la ubica entre las más altas de la región. 

Las clases medias perciben "una alta desigualdad de oportunidades, debido a la segmentación de la oferta de servicios de educación y atención de salud y la segregación de los mercados laborales". Los trabajadores con contratos a plazo fijo tienen menor seguridad laboral y desde siempre quienes no han tenido derecho a pagos de indemnización o seguro de desempleo.

La educación chilena de la dictadura y la posdictadura

El sistema escolar chileno puede ser analizado como un caso único y particular en el concierto internacional: las reformas llevadas adelante por la dictadura de Pinochet, desde 1980, pueden entenderse como el momento fundacional del actual sistema educativo chileno. 

Las principales transformaciones del sistema se desarrollaron a nivel institucional, normativo y financiero: en en pocos años se generó una transferencia y desconcentración de la administración de los establecimientos educacionales desde el Estado a los municipios, se cambió la forma de asignación de los recursos a las escuelas desde un pago de presupuestos hacia un pago de subvención por asistencia de alumnos, se propició y fomentó el surgimiento de escuelas privadas con financiamiento estatal y se desmanteló y disminuyó el estatus laboral de los docentes.

En general, la lógica y sentido de estos cambios apuntó a la construcción de un sistema basado en la competencia y organizado en torno a la idea de mercado educativo. Siguiendo las ideas del liberalismo económico y con una fuerte influencia de Milton Friedman, los encargados técnicos y políticos de la revolución tecnocrática inspirada en las ideas neoliberales generaron transformaciones del sistema que buscaron desarrollar un modelo donde ofertantes y demandantes transaran con libertad un bien que se consume (la educación) y se emula así la lógica y funcionamiento de los mercados económicos en el espacio educativo.

Mientras en 1981, cerca del 15 por ciento de la matrícula era privada, en 2010 este número se incrementaba por sobre el 40 por ciento, con la consecuente disminución de la matrícula pública en más de 30 por ciento durante el periodo. Este proceso de privatización se ha visto desarrollado con base en la creación de miles de nuevas escuelas privadas, la mayoría de estas no religiosas: en la actualidad Chile es uno de los países con mayor participación privada en la educación escolar. 

El crecimiento del sector privado ha generado un creciente proceso de segmentación socioeconómica de los establecimientos, ya que las escuelas públicas tienden a concentrar a los estudiantes vulnerables, mientras que las escuelas subvencionadas incluyen a estudiantes de nivel medio-bajo, medio y medio alto, y las escuelas privadas atienden a los estudiantes de la élite.

En esta línea, se ha comprobado que, en términos socioeconómicos, la segregación entre escuelas se produce desde los primeros años de escolaridad, en magnitudes elevadas y estables a través de los distintos años del ciclo escolar. Por otra parte, se ha indicado que la segregación académica entre escuelas es muy elevada en la enseñanza media.

Como consecuencia, se ha producido un creciente proceso de movilización social y descontento con el modelo educativo, por parte de estudiantes, padres y docentes: este proceso de movilización comienza a desplegarse con fuerza a comienzos de la década del 2000, y adquiere puntos de inflexión en las manifestaciones estudiantiles y sociales de los años 2006 y 2011, consideradas como los antecedentes directos del estallido de 2019.

La salud, lo que esconde los buenos datos

Un cambio significativo en la política de salud de Chile se produjo también a comienzo de los años ochenta, cuando el régimen militar dio un fuerte impulso a la atención médica privada. Creó las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), intermediarios financieros para la atención médica sobre la base de un impuesto sobre los salarios.

El sistema ISAPRES, que cubre alrededor de 15 por ciento de la población, se ha caracterizado por serias restricciones de acceso al sistema, multiplicidad de planes de atención de variable pero alto costo para quienes han optado por afiliarse al mismo, incremento anual inconsulto del costo de los programas de atención y desmesuradas ganancias corporativas

En términos de la Salud Pública, Chile tiene buenos indicadores, sobre todo comparados con la región de América Latina y el Caribe: posee uno los índices más bajos de mortalidad infantil (7,2 por cada 1.000 nacidos vivos) y en mortalidad materna (18,5 x 1000.000); la expectativa de vida al nacer de los chilenos es elevada (79,84 años); tiene, casi un 100 por ciento de atención profesional del parto y una alta cobertura de inmunizaciones, de agua potable y de alcantarillado. 

Sin embargo, los buenos datos globales esconden debilidades e inequidades.

Chile tiene una situación muy deficitaria de médicos y enfermeras, de camas hospitalarias y de medicamentos genéricos, como lo revelan datos de la OCDE (organización a la cual, cuando ingresó Chile se le consideró casi como una llegada al "primer mundo"): en comparación con los países integrantes de esa organización, Chile muestra un menor número de médicos (1,7 x 1.000 hab.) que el promedio de los otros países (3,2 x 1.000 hab.), menor número de enfermeras (4,2 x 1.000 hab. versus 8,8 x 1.000) y menor tasa de camas hospitalarias (2,1 x 1.000 hab. versus 4,8 x 1000), así como el porcentaje de medicamentos genéricos en el mercado es de 30 por ciento en Chile y de 75 por ciento en los países de la OCDE.

En Chile, menos de 50 por ciento de los médicos trabajan en el sector público y una mayoría en el sector privado, atraídos por más cómodas condiciones laborales y mucho mayores ingresos económicos.

Casi una tercera parte del gasto en salud es pagado de manera directa por los hogares, comparado con menos de 20 por ciento en promedio entre los países de la OCDE. El gasto de bolsillo en Salud es elevado en Chile: 4,6 por ciento mientras en el promedio de los países pertenecientes a la OCDE es de 2,86 por ciento, lo cual, en términos de equidad social, revela una de las deficiencias más graves del sistema.

El costo de los medicamentos es desproporcionado y existe un oligopolio de la industria farmacéutica que fija de manera arbitraria los precios e, incluso, en ocasiones se ha coludido para aumentarlos de modo injustificado, lo cual en 2017 estuvo en el centro de otras protestas, consideradas también como antecedentes del estallido de octubre-noviembre último.

El número de hospitales y la disponibilidad de camas hospitalarias es con claridad insuficiente y muchos establecimientos muestran precarias condiciones en su infraestructura y, en algunos casos, condiciones indignas de funcionamiento. En el sistema público el acceso de la población a la atención médica en consultorios periféricos suele ser en extremo dificultoso y, a veces, dramáticas por trabas burocráticas y deficiencias organizativas. 

Se señala, por ejemplo que las personas deben madrugar para conseguir un número para ser atendidas horas después; las listas de espera para exámenes de laboratorio, exploraciones instrumentales e intervenciones quirúrgicas son interminables; el acceso a especialistas cuando se requiere es restringido, en particular en ciudades y poblados pequeños; la disponibilidad de camas de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos es insuficiente y el acceso a ambulancias en situaciones de emergencia suele ser tardío.

La cobertura de la atención odontológica es limitada: la OMS recomienda 1 dentista por 2.000 habitantes; se estima que Chile tiene alrededor de 18.000 odontólogos, 1 x 958 habitantes; de ellos, apenas alrededor de 4.000 trabajan en el sector público de salud.

Por otra parte, si se observa que el sistema privado de salud el cual atiende a alrededor de 15 por ciento de la población —los de mayores ingresos— tiene una infraestructura moderna e incluso lujosa, el acceso a la atención médica ha mostrado numerosos aspectos negativos siendo no menor entre ellos un costo de las prestaciones que la inmensa mayoría de la población no puede solventar y, cuando lo hace, es al costo de un endeudamiento agobiador. La concepción de la medicina y la salud como un negocio es la principal limitación del sector privado y ha sido la principal herencia de la posdictadura.

Por ello no extraña que, según datos oficiales, las personas de nivel socioeconómico alto evalúan mejor su estado de salud que las personas de nivel bajo.
 


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