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El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso enviará el proyecto de ley como un mecanismo para enfrentar la ola de violencia desatada en el país.

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso enviará el proyecto de ley como un mecanismo para enfrentar la ola de violencia desatada en el país. | Foto: Primicias

Publicado 26 enero 2022



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Las autoridades ecuatorianas precisaron que entre los ejes de la normativa figura el uso progresivo de la fuerza.

La ministra de Gobierno de Ecuador, Alexandra Vela, anunció este martes la presentación del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública ante la Asamblea Nacional, con el propósito de optimizar las acciones conjuntas en materia de seguridad entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

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De acuerdo con la funcionaria, la legislación fue entregada en esta jornada a la Asamblea, para proceder a su análisis y discusión. El texto legal se conforma de 24 páginas, con 46 artículos, divididos a su vez por epígrafe preliminar, siete capítulos, dos disposiciones generales y dos transitorias.

La normativa aborda cuestiones sobre el uso progresivo de la fuerza, centro de polémicas en los organismos defensores de los derechos humanos, ante la disyuntiva de si la ley permitirá el abuso de poder.

El proyecto legal encierra un conjunto de pautas para potenciar la administración de los centros penitenciarios del país suramericano, cuya situación se agrava paulatinamente por la falta de bienes materiales; y por las frecuentes reyertas desarrolladas en las cárceles.

“Contemos con la agilidad en todas las instancias del tratamiento de la ley, de manera que el proyecto sea debatido de la misma forma que un proyecto de ley económico urgente; que el Gobierno y Asamblea en conjunto seamos capaces de darle a la ciudadanía un marco legal en los próximos 30 días”, precisó Vela.

 De acuerdo con el asesor jurídico de la Presidencia ecuatoriana, Roberto Andrade, la legislación proporciona asistencia legal a los agentes policiales inmersos en procesos judiciales por la prestación de sus servicios legales; asignándoles un abogado, o admitir que el propio servidor policial elija uno.


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