¿Qué sigue ahora en el juicio político contra Guillermo Lasso?

El Pleno de la Asamblea Nacional (AN) de Ecuador acordó este martes llamar a juicio político al mandatario Guillermo Lasso, por lo que ahora el presidente de ese órgano, Virgilio Saquicela, dispone de hasta tres días (viernes 12 de mayo) para difundir entre los 137 asambleístas la moción aprobada que da continuidad a dicho trámite.

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La moción votada en el Pleno para dar continuidad al proceso fue propuesta por la asambleísta Viviana Veloz proponente del enjuiciamiento a Lasso por el presunto delito de peculado (o enriquecimiento ilícito), según lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución.

Allí se establece que se podrá a convocar a esta diligencia por solicitud de las dos terceras partes de los asambleístas, y se incluye el peculado junto a los delitos de concusión, cohecho, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia, y otros que atenten contra la seguridad del Estado.

¿Ahora qué viene?

La resolución propuesta por Veloz fue aprobada por 88 votos a favor aunque la legislación establece que eran necesarios 70.

De acuerdo con la Ley de la Función Legislativa, además de dicha moción se deberá entregar a los legisladores el expediente del juicio político elaborado en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la AN.

Tras socializar dicho informe, Saquicela dispondrá de hasta cinco días para convocar al Pleno e incluir el juicio político en la agenda legislativa, por lo que se prevé que este ocurra la próxima semana.

Además, deberá pedir a los proponentes del juicio político la nómina de los asambleístas que realizarán la interpelación, lo que será comunicado a Lasso.

Sesión del juicio político

Durante la sesión, los interpelantes dispondrán de dos horas para acusar a Lasso a partir de las pruebas solicitadas y actuadas en la Comisión de Fiscalización.

Terminado ese paso, el mandatario contará con hasta tres horas para presentar su defensa igualmente con base en las pruebas solicitadas y actuadas. Luego las partes podrán ejercer derecho a réplica por espacio máximo de una hora.

A continuación, Lasso deberá retirarse del Pleno e iniciará el debate. Según la Ley de la Función Legislativa, podrán intervenir todos los asambleístas, quienes contarán con un tiempo máximo de diez minutos para exponer sus razonamientos. No tendrán derecho a réplica.

Un aspecto novedoso del procedimiento es que, concluido el debate, se convocará a otra sesión del Pleno, hasta cinco días después, a fin de resolver el juicio político.

La Ley de la Función Legislativa establece que se necesita el voto favorable de la mayoría calificada (92 de los 137 que integran la AN) para aprobar la moción de censura.

“Si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente”, precisa dicho texto.

Base del enjuiciamiento a Lasso

El enjuiciamiento político se ha sustentado en que el mandatario no suspendió un contrato para transporte de crudo entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la privada Amazonas Tanker pese a que este era nocivo a los intereses del Estado ecuatoriano.

Aunque presentaba irregularidades de las que Lasso sabía, el contrato se prorrogó de manera automática hasta 2024 en lugar de suspenderse. La asambleísta Gissela Garzón denunció que tanto el presidente como su delegado, Hernán Luque, quien lideró el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, aceptaron prorrogarlo.

Otra legisladora y promovente del juicio político, Mireya Pazmiño, aseveró que a través de varias cartas e informes, incluso uno elaborado por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la AN, se puso en conocimiento de Lasso el carácter lesivo del contrato. Este se firmó durante el mandato de Lenín Moreno (2017-2021), pero Lasso no le puso fin pese a estas alertas.

No obstante estos argumentos, legisladores aliados de Lasso han expresado que no hay pruebas para enjuiciarlo políticamente. Al mismo tiempo, asambleístas de oposición han denunciado maniobras del oficialismo para cooptar a legisladores y comprar su voto.