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Este estancamiento en los procesos de nacionalización de dominicanos los coloca en condiciones de vulnerabilidad, y les imposibilita el acceder a derechos elementales de todo ciudadano.

Este estancamiento en los procesos de nacionalización de dominicanos los coloca en condiciones de vulnerabilidad, y les imposibilita el acceder a derechos elementales de todo ciudadano. | Foto: Acento

Publicado 23 mayo 2022



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Ocho años después de implementada la Ley 169-14, persisten la discriminación y trabas burocráticas en los procesos de nacionalización de miles de dominicanos. 

Organizaciones sociales de República Dominicana, agrupadas en la Plataforma Dominican@s por Derecho (DXD), exigieron al Gobierno de ese país hacer frente a la discriminación institucionalizada y barreras administrativas que impiden a miles de connacionales acceder a la restitución de su nacionalidad.

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Dicha red en rueda de prensa demandó este lunes al Ejecutivo eliminar las políticas excluyentes que han estancado la implementación de la Ley 169-14; creada hace ocho años para mitigar los efectos de la desnacionalización de dominicanos y dominicanas, hijos de migrantes, y que no han podido lograr su restitución de nacionalidad.

Se trata de la Sentencia 168-13 dictaminada por Tribunal Constitucional, y la cual de la nacionalidad de manera retroactiva a cuatro generaciones de dominicanos por el alegado estatus irregular de sus padres, además de colocarlos en una situación social muy desventajosa.  

Según los voceros de DxD, la ausencia de una cédula de identidad vigente, los limita de poder realizar cualquier trámite de la vida civil; de acceso a empleos formales, obtención de seguro médico; compra o solicitud de servicios a su nombre; y el ser beneficiarios de programas de asistencia del Estado.

Cuestiones que impactan negativamente en familias y comunidades; como da fe el hecho de que unos 7.498 connacionales se encuentran en un limbo de identidad; pues luego de aplicar a su proceso de restitución de nacionalidad dominicana vía naturalización, el departamento en cuestión fue cerrado, y por consiguiente la documentación entregada venció.

Como consecuencia, para concretar la misma, ahora se les exige renovar como extranjeros, otra acción segregacionista en la nación caribeña, que lucha por recuperarse de la crisis económica y de salud que ha quedado como secuela del impacto de la pandemia de la Covid-19.

En tal sentido, reiteraron el llamado realizado al presidente Luis Abinader y que plantea que “es urgente subsanar por diversas vías los efectos negativos que la TC 168-13 ha causado en la sociedad dominicana; contemplar el diseño de políticas que promuevan la resiliencia e inclusión social de todos aquellas personas víctimas de la política de desnacionalización”.

A lo que agregaron su disposición para retomar espacios de diálogo y de trabajo que conduzcan a la restauración de derechos a todos los dominicanos privados de su nacionalidad, en correspondencia con lo estipulado por las instituciones nacionales y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los representantes de DxD expresaron también su agradecimiento a los diferentes segmentos de la sociedad de la nación caribeña por el respaldo permanente a esta causa de lucha permanente por reivindicación ciudadana.

“Estamos plenamente confiados que se impondrá la justicia social, el cumplimiento a nuestra Constitución que llama a garantizar los mismos derechos y oportunidades a cada dominicano y dominicana”, sentenciaron.


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