¿Retrocede la privatización del agua en América Latina?

Hoy se conmemora en el mundo el Día Mundial del Agua, fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1992 para crear conciencia sobre la importancia del vital liquido en el desarrollo sostenible de las sociedades.

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Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan, juegan un papel crucial en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, afirma la ONU, que desde 2010 reconoce el derecho al agua potable como un derecho humano esencial.

Ante los embates del fenómeno del cambio climático la escasez de agua potable ya representa un problema global en la actualidad, donde poderosas empresas multinacionales buscan apoderarse del líquido vital.

El analista internacional y bloguero de teleSUR, Alfredo Jalife, advierte en su libro "Las Guerras Globales del Agua: Privatización y Fracking" la posibilidad de un futuro conflicto bélico en la disputa por las grandes reservas de agua. "Si bien en el siglo XX fue el petróleo, el siglo XXI es del agua", indica el experto en geopolítica al señalar el vital liquido como posible motivo de una guerra global.

La situación en América Latina

Durante la segunda mitad de la década de los años 80´ y en especial durante los 90´s, la hegemonía neoliberal en el continente americano impulsó distintos procesos de privatización de los servicios públicos de agua potable.

Las políticas emanadas por el llamado Consenso de Washington a través del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) buscaron reorganizar con concesiones privadas los servicios de agua y saneamiento en América Latina, con la supuesta premisa de solucionar los déficits en infraestructura y elevar la eficiencia en la gestión de los recursos.

Entre 1993 y 2013, el BM respaldó 847 proyectos acuíferos, la mitad de ellos en la región latinoamericana, otorgando préstamos por más de 75.000 millones de dólares a conglomerados privados que se hicieron cargo del manejo de recursos hídricos en todo el mundo.

Este modelo neoliberal que intenta atracción de capitales privados para financiar la supuesta expansión de los servicios y producir un "alivio" de la responsabilidad financiera del sector público, ha demostrado su fracaso estrepitoso en la región donde los procesos de privatización, a excepción del caso de Chile, han sido resistidos, frenados y revertidos en la mayoría de los países.

Naciones como Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela han establecido en sus respectivas constituciones y leyes el acceso al agua potable como un bien público o social, en contraposición a la matriz ideológica que concibe a los servicios hídricos como un bien económico que debe ser adquirido en el mercado, excluyendo de su uso a quienes no lo pueden pagar.

Pese a que en la actualidad el 95 por ciento de los servicios de agua y saneamiento alrededor del mundo continúan en manos de empresas públicas, las grandes corporaciones del sector continúan realizando esfuerzos para incursionar en la comercialización del producto más importante para la vida y el desarrollo humano.

En nuestro continente, son ejemplos recientes los intentos del Gobierno saliente de Enrique Peña Nieto en México que dictó una serie de decretos presidenciales que eliminaron la prohibición de explotación que tenían las empresas privadas sobre casi 300 de las 700 cuencas del país; en El Salvador donde una coalición de la derecha parlamentaria presentó una ley privatizadora denominada Ley Integral de Agua, fuertemente rechazada por la sociedad; y en Brasil donde organizaciones sociales, campesinas e indígenas denuncian las presiones de transnacionales como Nestlé y Coca-Cola, entre otras, que pretenden ingresar a la gestión de acuíferos.