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La investigación del diario estadounidense incluyó más de 20 entrevistas y una revisión de documentos, incluidos los posibles contratos de Guaidó.

La investigación del diario estadounidense incluyó más de 20 entrevistas y una revisión de documentos, incluidos los posibles contratos de Guaidó. | Foto: Gaceta.es

Publicado 6 enero 2021



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No es la primera vez que el exdiputado opositor Juan Guaidó se ve tachado por acusaciones como el robo de fondos de su país en el exterior.

El diario estadounidense The Washington Post publicó un artículo denunciando la corrupción existente en el entorno del exdiputado Juan Guaidó, en el exterior.

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De acuerdo con el artículo, los actos que estarían ligados a un manejo irregular de activos de Venezuela en el extranjero y que fueron recuperados en alianza con la administración de Donald Trump.

Precisaron que dos empresarios, Jorge Reyes y Pedro Antar, fueron los que informaron sobre la trama de corrupción por más de 40.000 millones de dólares y que involucrarían a Fernando Blasi y Javier Troconis, designado por Juan Guaidó como comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos.

El Post afirma que los dos funcionarios del entorno de Guaidó con quienes Reyes y Antar discutieron el acuerdo de Miami, Troconis y Blasi, han negado haber actuado de manera ilegal.

Reyes dijo que él y Antar recibieron unas demandas que incluían "un pago por adelantado de $ 750,000 a una compañía de Florida que, según los registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington".

Destacaron que "esa empresa también se convertiría en su socio, estipulaba la carta, compartiendo la comisión del 18 por ciento que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó".

El pasado 17 de septiembre, la Fiscalía de Venezuela hacía las acusaciones, el Ministerio Público abrió una investigación contra cuatro funcionarios nombrados por Guaidó por intentar el cobro de sobornos para la firma de un contrato que le otorgaría poderes a un consorcio de empresas radicadas en Miami, con el propósito de “robar activos del país en el exterior”.


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