Defensoría del Pueblo colombiano denuncia violencia en zonas rurales

La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un comunicado donde se pronuncia acerca de la violencia que golpea los departamentos del Cauca, Nariño, Putumayo, Antioquia y Chocó, fundamentalmente sus áreas rurales.

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La institución manifestó igualmente que su preocupación se ve incrementada porque la violencia aumenta pese a que el país está sumido en la emergencia sanitaria que provoca la pandemia de Covid-19.

"Luego de las cinco semanas de emergencia sanitaria, la Defensoría logró documentar al menos 40 ataques contra las comunidades de todo el país, con las que se pretendió intimidar y generar pánico", expresa el comunicado difundido este lunes.

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, los grupos armados irregulares responsables de las acciones violentas, persiguen el control de la economía ilícita en las zonas afectadas, fundamentalmente, lo relacionado con las rutas del narcotráfico.

Asimismo, el órgano denunció que los defensores de derechos humanos y líderes sociales son objetivo prioritario de la violencia en los estados mencionados.

Según el documento, la Defensoría "ha podido constatar que la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos persiste bajo igual dinámica a la denunciada desde hace cuatro años".

"Las condiciones actuales de violencia en su contra, así como la pandemia, están limitando gravemente su labor para defender los derechos humanos", se advierte también.

"Todo lo anterior condiciona las posibilidades de mitigar los efectos de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia Covid-19, configurando una doble afectación en las comunidades más vulnerables del país", sentenció la Defensoría.

Líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de Colombia han sido víctimas directas de la violencia generada por grupos armados irregulares.

Organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto colombianas como internacionales, han denunciado la desprotección del Gobierno a las zonas rurales, que deja en manos de los grupos violentos el control de esos territorios.