Gobierno de facto de Bolivia demanda penalmente a Evo Morales

El Gobierno de facto de Bolivia introdujo este viernes una demanda penal contra el presidente Evo Morales, asilado en México, por supuesta sedición, terrorismo y otros tres delitos.  

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La demanda fue interpuesta por Arturo Murillo, designado como ministro del Interior por parte la junta golpista que se instaló en el poder en Bolivia, tras consumar el golpe de Estado el pasado 10 de octubre. 

La demanda se basa en la grabación de una supuesta conversación telefónica entre Morales y un dirigente del trópico de Cochabamba identificado como Faustino Yucra.

De acuerdo con este video, el mandatario supuestamente insta a organizar bloqueos en el país para exigir la renuncia de la senadora Jeanine Áñez, autoproclamada presidenta interina. 

"Lamentablemente estamos bajo un acoso terrorista que quiere matar a los bolivianos de hambre y no lo vamos a permitir", dijo Murillo, a su salida de la Fiscalía. 

Morales, por su parte, ha señalado que esta acusación en su contra es falsa y corresponde a un intento por perjudicarlo tras la afrenta antidemocrática que se gesta en su país. 

"A los movimientos sociales que luchan por la vida y la democracia, la Fiscalía les inicia investigaciones de oficio con montajes, pruebas sembradas y grabaciones manipuladas, pero para 30 hermanos asesinados en Bolivia a bala, no hay investigación, responsables o detenidos", dijo el mandatario indígena este viernes a través de su cuenta en Twitter. 

Sobre esta demanda penal, el fiscal general Juan Lanchipa informó ante la prensa que se ha iniciado una investigación para verificar la veracidad del audio. 

Aseguró que solicitaron a la estatal de telecomunicaciones boliviana Entel datos para determinar si el teléfono por el cual se estableció comunicación "pertenece al Estado o es de uso particular".

Lanchipa, además, informó que notificarán a la Cancillería de México sobre la investigación contra Morales.