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Según la denuncia del contralor panameño, la pasada administración de la Controlaría autorizó los desfalcos.

Según la denuncia del contralor panameño, la pasada administración de la Controlaría autorizó los desfalcos. | Foto: EFE

Publicado 2 noviembre 2018



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El Pleno de la Corte Suprema de Panamá aceptó la denuncia presentada contra dos diputados por manejo ilegal de fondos. 

La Corte Suprema de Justicia de Panamá aprobó el jueves las denuncias presentadas por la Contraloría General de esa nación contra los diputados Aris de Icaza, del partido Cambio Democrático (CD); y Alfredo Pérez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quienes son acusados de delitos de manejos ilegales de fondos públicos pertenecientes a juntas comunales y municipales.

La demanda contra De Icaza fue formalizada por el contralor Federico Humbert, mientras que Pérez fue denunciado por la empresa Bamos Adelante, S. A. por el pago de cheques sin fondos. 

Los supuestos manejos ilegales de fondos públicos asignados a juntas comunales y municipios fueron autorizados por pasadas administraciones de la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo a las auditorías realizadas entre 2004 y 2014 a 186 juntas comunales y municipales, fueron sustraídos y desviados unos 247 millones de dólares, fondos que fueron repartidos entre 70 diputados de la nómina de la Asamblea Nacional panameña. 

La Procuraduría de esa nación centroamericana anunció la reapertura del caso basándose en estas nuevas denuncias y los reportes de las auditorías. 

Asimismo, existe una especificación en esta demanda de Humbert que afirma que los diputados agregaron funcionarios de manera irregular a la nómina de la Asamblea Nacional del país.

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