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Los ritmos de la reapertura económica en El Salvador han estado en el centro de la disputa entre Bukele y la Asamblea Legislativa.

Los ritmos de la reapertura económica en El Salvador han estado en el centro de la disputa entre Bukele y la Asamblea Legislativa. | Foto: EFE

Publicado 20 agosto 2020



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La Sala de lo Constitucional indicó este jueves que debe publicarse y ponerse en vigor la Ley de Emergencia.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó al presidente Nayib Bukele sancionar y publicar en el Diario Oficial el Decreto Legislativo 661, contentivo de la Ley Especial de Emergencia por la pandemia de la Covid-19 aprobada hace casi dos meses por la Asamblea Legislativa.

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Aunque la ley fue en su momento vetada por el mandatario salvadoreño, dicho veto fue superado por el órgano Legislativo al serle devuelta. 

La Sala exhortó también al Parlamento a realizar las reformas pertinentes a la legislación, debido a la existencia de aspectos en la ley como las fechas y plazos para la reapertura de la economía que han quedado desactualizados.

La decisión judicial intenta resolver la controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo, que acumula varios episodios desde la llegada a la Casa Presidencial de Nayib Bukele en 2019. En este caso, la entidad judicial desestimó los argumentos de presunta inconstitucionalidad alegados por Bukele para vetar la legislación.

De igual manera, la resolución expone que no existe invasión a las competencias de la Presidencia de la República, como alegó Bukele, en tanto "limitar derechos fundamentales sí es atribución del Legislativo". También se plantea que la ley no viola el principio de colaboración entre órganos, en el entendido que para su aplicación se tomará en cuenta la opinión del Ministerio de Salud.

La disputa por el ritmo de la apertura económica ha venido enfrentado a Bukele y la Asamblea Legislativa y en el medio se ha encontrado un agravamiento de los números de contagios y muertes en el país con una expansión no controlada de la Covid-19.

 

Ambos órganos se acusan, de manera mutua, de intromisión en las competencias del otro y no tomar en consideración las condiciones las crisis sanitaria y económica que sufre el país centroamericano.


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