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En este contexto, la fundadora de la organización no gubernamental Stavtot, Anne Berkeley valoró que “muchas personas no ven ni escuchan a las mujeres mayores".

En este contexto, la fundadora de la organización no gubernamental Stavtot, Anne Berkeley valoró que “muchas personas no ven ni escuchan a las mujeres mayores". | Foto: Times of Israel

Publicado 20 abril 2023



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La ley pretende otorgar la facultad al Gobierno de seleccionar los jueces que integrarán la Corte Suprema.

Abuelas israelíes se sumaron este jueves en la plaza Habima de Tel Aviv, capital de Israel, a las protestas en contra de la reforma judicial que propone el primer ministro Benjamin Netanyahu.

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Dichas abuelas abordaron un autobús para dirigirse desde una institución de vida asistida en el centro de Israel hasta la plaza, y se unieron a cientos de otras personas mayores que protestaban en contra del plan del Gobierno.

En este contexto, la fundadora de la organización no gubernamental Stavtot, Anne Berkeley valoró que “muchas personas no ven ni escuchan a las mujeres mayores que llegamos a cierta edad. Nos volvemos invisibles de alguna manera”.  

Por su parte, la parlamentaria laborista Efrat Rayten se dirigió a la multitud y dijo que hace unos cuatro meses, manifestantes como los reunidos “se despertaron porque [el Gobierno] está hablando de quitarnos nuestros derechos más básicos, esos derechos por los que luchamos”.

“Una de las protestas más emocionantes en las que he participado. Consigue: ¡La protesta de las abuelas! Cientos de mujeres que se congregaron con banderas (¡y sillas!) en la plaza Bhima, y ​​al son de la orquesta de la democracia, se manifestaron contra la legislación y la forma de Gobierno”, precisó Efrat Rayten desde su cuenta en Twitter.

La ley pretende otorgar la facultad al Gobierno de seleccionar los jueces que integrarán la Corte Suprema; facultaría al Parlamento la capacidad de anular las decisiones de dicha Corte y limitaría las posibilidades del supremo tribunal de revisar las leyes.

La reforma intenta imponer que la invalidación de cualquier ley requiera del consenso del 80 por ciento del panel de jueces del Supremo, cuando ahora solo es necesaria una mayoría simple.


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