El abogado de Dina Boluarte consideró que la acusación presentada es un intento de desacreditar a la vicepresidenta por parte de representantes de grupos de derecha.
El Congreso de Perú informó este miércoles que iniciará el proceso para inhabilitar por un periodo de diez años a la vicepresidenta del país Dina Boluarte, por presunta infracción a la Constitución de la República.
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente las denuncias contra la alta funcionaria del Gobierno por la presunta infracción de los artículos 38 y 126 de la Carta Magna.
Esta decisión con nueve votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, tiene lugar después que la Contraloría general emitiera un informe que subraya que Dina Boluarte, cuando era presidenta del Club departamental Apurímac realizaba gestiones cuando ya había sido designada para representar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
El @congresoperu inició proceso para inhabilitar por 10 años a la vicepresidenta Dina Boluarte por presunta infracción a la Constitución. Para su defensa legal y algunos legisladores se trata de una campaña de la derecha para debilitar más al Poder Ejecutivo. @temasteleSUR pic.twitter.com/9KkImLnnGH
— Ramiro Angulo Machiavello (@RamiroteleSURtv) June 15, 2022
El cuestionamiento se fundamenta según el Congreso y la Constitución en que los ministros “no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
Por otra parte, se le denuncia por omisión de información en su declaración jurada de interés y no precisar que su cuñado trabajaba para el Estado peruano, sin embargo para los defensores de la vicepresidenta esto forma parte de una campaña para desacreditar y debilitar el poder Ejecutivo.
El abogado de Dina Boluarte, Alberto Otárola consideró que la acusación constitucional presentada contra la ministra constituye un intento de desacreditar a la vicepresidenta por parte de representantes de “grupos de derecha” que integran en la Subcomisión de Acusaciones.
El próximo paso según las informaciones emitidas por el Congreso se designará a un congresista que elaborará un informe, el cual será votado en la Comisión permanente y de aprobarse se realizará un documento final para discutirse en el pleno del Congreso.