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Otra de las leyes votadas da superpoderes a la Procuraduría para pasar por encima de la sentencia de la CIDH.
Tras 50 días de Paro Nacional en Colombia que demanda un cambio en las políticas económicas y sociales, el Congreso de esa nación rechazó, de espaldas a los reclamos populares, hundir el proyecto de ley “Matrícula cero” que buscaba favorecer la gratuidad de matrícula en universidades públicas para los estudiantes más vulnerables.
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A pocos días de concluir el período de legislatura, en la Comisión Sexta del Senado, los integrantes del partido en el Gobierno votaron cinco en contra de la ley para su hundimiento, frente a dos que votaron a favor y cinco que decidieron no votar.
El proyecto había sido presentado en julio de 2020 por estudiantes y los congresistas Wilson Arías (Polo Democrático), Gustavo Bolívar (MAIS) y Antonio Sanguino (Alianza Verde).
Su objetivo era propiciar la gratuidad de la educación de jóvenes considerados entre los más vulnerables en el país.
Un congreso legislando de espaldas a las exigencias del pueblo colombiano. @teleSURtv pic.twitter.com/7C3cckvFJy
— Hernán Tobar (@TobarteleSUR) June 17, 2021
Igualmente, se votó otro proyecto de ley que da facultades a la Procuraduría para que pueda sancionar a funcionarios como alcaldes y gobernadores sin intermediación de un juez.
“Se le atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular, y adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley”, reza el texto.
Agradezco al Congreso de la República por entender la gravedad de la situación y aceptar que la Procuraduría tiene la competencia para investigar y sancionar a los funcionarios de elección popular. #MargaritaCabello @PGN_COL #ReformaCódigoDisciplinario https://t.co/qf5Tyd2VLD pic.twitter.com/hf8XzwUhS8
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 17, 2021
En este sentido, modifica artículos de la ley anterior como las causales de exclusión, extinción, caducidad y prescripción de responsabilidad disciplinaria, entre otros cambios.
Con esta Ley, el Estado desacataría las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones a los derechos humanos en el país. Varios congresistas de la oposición señalaron que la norma entrega superpoderes a este órgano para la persecución a los opositores.
