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El congresista por el Partido Comunes, Julián Gallo, aseveró que existe una alta probabilidad de que Molano salga ileso de la censura.

El congresista por el Partido Comunes, Julián Gallo, aseveró que existe una alta probabilidad de que Molano salga ileso de la censura. | Foto: Colprensa

Publicado 24 mayo 2021 (Hace 15 horas 12 minutos)



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La plenaria contó con la participación de familiares de víctimas de represión por parte de agentes del ESMAD.

En el Congreso de Colombia avanza la moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, tras los casos de represión perpetrados por agentes del Escuadrón Móivil Antidisturbios (ESMAD) y del Ejército Nacional contra manifestantes que se mantienen desplegados en las calles desde el pasado 28 de abril.

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La plenaria inició con la participación del senador Iván Cepeda, quien culpabilizó a Molano por permitir el despliegue masivo de la fuerza pública, "lo hemos citado (a Molano) con la finalidad de sancionarlo por ser uno de los responsables políticos de la cadena de crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado por la fuerza pública desde el pasado 28 de abril", acotó Cepeda.

El senador reveló un documento que contiene escritos, fotografías y vídeos que ilustran acciones represivas del ESMAD en varias regiones del país, donde los ciudadanos completan 27 días movilizados contra las políticas impulsadas por el presidente Iván Duque.

Por su parte, el también senador Jorge Enrique Robledo, exigió al ministro Molano ofrecer disculpas a las familias de las víctimas, "no podemos seguir estigmatizando el derecho Constitucional de la protesta pacífica", añadió.

"El ministro debe salir (...) Usted (Molano) se vuelve corresponsable de una quiebra ética del Estado colombiano, usted es responsable de terrorismo de Estado. A los generales les digo que ese quiebre genera que sus actuaciones han quebrado eticamente la Policía de Colombia", indicó Gustavo Petro.

Por su parte el congresista por el Partido Comunes, Julián Gallo, aseveró que existe una alta probabilidad de que Molano salga ileso de la censura, pues la mayoría del Congreso hace parte del partido de Gobierno. 

"Ministro usted se podrá salvar de esta censura, pero no se salvará a la censura de la sociedad colombiana que le reclama a este Gobierno y al Estado que no puede seguir dando trato de guerra, ni seguir estigmatizando a la protesta social porque es un derecho legítimo", puntualizó Gallo.

Participación de las víctimas

En la jornada también participan las víctimas de la fuerza pública en el marco de las masivas movilizaciones. Los padres del jóven Juan Fonseca, quien perdió un ojo por un disparo del ESMAD, exigen justicia por el daño a su hijo.

"No es el dolor físico, es el dolor mental. Es frustrante cómo el Gobierno nos mata. Espero algún día quiten las armas y no ataquen a la gente que necesitamos una vida digna", indicó el propio joven Juan Fonseca.

Además, la hermana de Lucas Villa, joven asesinado en la ciudad de Pereira denunció que las respuestas de las autoridades colombianas son despóticas, "señor Diego Molano ha respondido de manera hostil, sanginaria y anticonstitucional", aseveró Sidssy, hermana de Lucas Villa.

Alarmantes cifras de represión

La Organización No Gubernamental Temblores que desde el 28 de abril hasta el 21 de mayo, se documentan 2.905 casos de violencia por parte de la fuerza pública, 1.264 detenciones arbitrarias, seis víctimas de violencia basada en género y 21 víctimas de violencia sexual.

Asimismo, colectivos LGBTI han sido quienes más han sufrido la represión de las fuerzas policiales con violaciones y daños físicos. Según la Defensoría del Pueblo, 106 casos de violencia contra las mujeres y personas LGBTI se registraron hasta el 21 de mayo.

El pasado domingo el Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad, y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, publicaron un informe donde revelan denuncias de sitios utilizados por paramilitares y policía para detención, tortura y hasta desapariciones de manifestantes en Cali.

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DD.HH.) aseveran que desde el pasado 2 de mayo se tienen denuncias de que el Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali es utilizado  presuntamente como centro encubierto de operaciones por parte de la fuerza pública.


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