FARC denunció que el Ejército destina recursos para las operaciones de espionaje, mientras que líderes sociales y excombatientes se encuentran en total desprotección.
El espionaje del Ejército colombiano a periodistas y políticos fue rechazado este sábado por distintos sectores de la sociedad colombiana y lamentaron que se desperdicien recursos de la inteligencia militar que podrían utilizarse en la protección de líderes sociales.
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El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) condenó este sábado el espionaje por parte del Ejército colombiano contra al menos 130 personas mediante herramientas informáticas entre febrero y diciembre de 2019.
A través de un comunicado publicado en su cuenta Twitter, la agrupación política cuestionó que periodistas, investigadores sociales y políticos hayan 'sido blanco de seguimientos y hostigamientos por parte del aparato de inteligencia y contrainteligencia militar', mientras que los líderes sociales y los excombatientes se encuentran sin protección.
#CarpetasSecretas
— FARC (@PartidoFARC) May 2, 2020
Mientras líderes sociales y exguerrilleros se encuentran en desprotección, organismos de inteligencia militar se ocupan de indagar a periodistas, opositores,
investigadores y ciudadanos del común con los que éstos interactúan socialmente pic.twitter.com/jRzAWNQ8u3
En el comunicado, la FARC pidió al Gobierno del presidente Iván Duque 'aclarar lo sucedido, incluyendo responsabilidades políticas' y aseguró que 'los entes de control deben garantizar la transparencia en las investigaciones'.
'Este nuevo escándalo nos obliga a insistir en la urgencia de un debate nacional sobre la doctrina militar y de seguridad del Estado, que supere la idea del enemigo interno', manifestó el partido FARC.
Por su parte el senador Gustavo Bolívar, que aparece entre los espiados, quien aseguró que una operación de este tamaño debió constar miles de millones de pesos y que un movimiento como ese no se realiza "sin que el Estado sepa".
#HolmesTrujilloRenuncie por mentiroso y encubridor
— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 3, 2020
Pero exijan corresponsabilidad por el ascenso de Nicacio Martínez, a pesar de denuncias por falsos positivos, a los partidos q votaron por su ascenso: MIRA, Justa Libres, Conservador, Liberal, C Radical y CD. Les tiembla la mano. pic.twitter.com/dyKlPyvIzv
La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) rechazó "la interceptación ilegal y seguimiento a periodistas nacionales e internacionales", y pidieron garantías de seguridad para los corresponsales perseguidos.
Desde el Colectivo de Abogados, José Albear Restrepo, repudió los actos perpetrados desde el Ejército colombiano que también habría espiado a funcionarios del grupo de juristas, "exigimos sanción disciplinaria y judicial a integrantes de la fuerza pública involucrados en espionaje contra el Colectivo de Abogados", agregan.
#ComunicadoOficial sobre la investigación #CarpetasSecretas:
— ColectivoDeAbogad@s (@Ccajar) May 2, 2020
Exigimos sanción disciplinaria y judicial a integrantes de la fuerza pública involucrados en espionaje contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo pic.twitter.com/k1Mlbfoqp8
De acuerdo a la investigación publicada el viernes por el medio colombiano Semana, miembros del Ejército espiaron a por lo menos 130 personas, entre ellas periodistas nacionales extranjeros, defensores de derechos humanos, sindicalistas e incluso generales y miembros del Gobierno, al parecer mediante el desvío de recursos de la cooperación estadounidense.
Tras la denuncia, la Procuraduría General (Ministerio Público) anunció este sábado que asumirá el proceso disciplinario que lleva a cabo el Comando de las Fuerzas Militares por presuntos seguimientos por parte de miembros del Ejército a estos ciudadanos.
La Procuraduría (@PGN_COL) asume investigación por presuntos nuevos seguimientos del Ejército a periodistas que denunció la revista Semana https://t.co/ukSdFuJYFC pic.twitter.com/zLPXldX3Ef
— Procuraduría Colombia (@PGN_COL) May 2, 2020
Según el ente de control, este proceso se suma a la indagación que inició en enero contra miembros del Ejército por los hechos derivados de un allanamiento hecho en diciembre de 2019 en las instalaciones de un cantón militar en Cundinamarca.