Más de 600 personas fueron llevadas ante los tribunales y fueron dictadas 380 condenas durante los últimos 12 años por la Cicig.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), concluyó este miércoles la presentación de un informe sobre su labor en el país desde su instalación en 2007.
LEA TAMBIÉN:
Tribunal de Guatemala absuelve a hijo y hermano del presidente
En el marco del Seminario Internacional "El combate a la corrupción y la impunidad en Guatemala", el órgano indicó que “estos 12 años de trabajo han demostrado que la lucha contra la impunidad no procede en forma lineal, sino con avances y retrocesos, en el contexto de la interrelación de instituciones y actores sociales”, afirmó el comisionado Iván Velásquez.
Pese a la prohibición del Gobierno de Jimmy Morales para que Velásquez no ingrese al país, el funcionario envió un video para plantear las observaciones.
La @CICIGgt realiza por segundo día la entrega de su informe final de labores tras 12 años de permanecer en #Guatemala. El caso #LaLinea que derivó en la renuncia y encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina, fue el caso mas importante quizá de la Comisión. @ConexiontlSUR pic.twitter.com/y4diRYSIey
— Mario Rosales (@MarioteleSUR) 21 de agosto de 2019
De acuerdo con el documento, se desarticularon 60 estructuras criminales, más de 600 personas fueron llevadas ante los tribunales y lograron 380 condenas durante los últimos 12 años.
Velásquez también consideró éxitos indiscutibles el fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
Por su parte, organizaciones sociales anunciaron que presentarán un amparo ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para que la Cicig se quede en el país luego del 3 de septiembre, cuando vence su mandato.
¡No están solos! Ciudadanos manifiestan apoyo a fiscales y jueces que han combatido la impunidad. #JuntosLoHicimos pic.twitter.com/WXTZ68mkr1
— CICIG Guatemala (@CICIGgt) 21 de agosto de 2019
El argumento será que mandatario Morales, quien no renovó el convenio, tiene conflicto de intereses que lo invalidan para decidir sobre la permanencia del órgano en el país.
Esto se debe a que existen dos solicitudes de investigación en su contra, por supuestos indicios de financiamiento electoral ilícito durante la campaña de 2015.