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Margotta señaló que para estos últimos casos, es una condición colaborar en los procesos judiciales, lo que no ha ocurrido en el caso chileno.

Margotta señaló que para estos últimos casos, es una condición colaborar en los procesos judiciales, lo que no ha ocurrido en el caso chileno. | Foto: El Desconcierto

Publicado 11 abril 2020



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Organizaciones defensoras de Derechos Humanos, denuncian que el Ejecutivo se aprovecha de la pandemia del Covid-19 para liberar a exmilitares acusados de tortura, desapariciones y asesinatos durante la dictadura de Pinochet. 

La Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Chile (AFDD), rechazó este sábado la decisión de la Octava Sala Penal de la Corte de Apelaciones de Santiago, que resolvió dejar en libertad a 17 exmilitares responsables de delitos como desaparición y tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet.

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"Hoy la Octava Sala Penal de Corte de Apelaciones de Santiago resolvió dejar impunes a 17 violadores de DD.HH., responsables de la desaparición y asesinato de 17 de nuestros familiares. Así como en dictadura, hoy nuevamente demuestran su miseria y se ponen del lado de los asesinos", denunció la Agrupación.

La decisión obedece a recientes maniobras del Gobierno de Sebastián Piñera y partidos de derecha de otorgar libertad o casa por cárcel, a represores durante el Gobierno del dictador Pinochet aludiendo la "protección" de su salud en medio de la pandemia del Covid-19.

El Congreso de Chile acogió esta semana una iniciativa propuesta por el ejecutivo, que permitiría a unos 1.300 reos con delitos comunes cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario, los cual ha sido rechazado por organizaciones de DD.HH. que acusan al Ejecutivo de aprovechar la pandemia para liberar a los represores.

Sin distinguir el tipo de delito, la denominada “Ley Humanitaria” también procura otorgar este beneficio a mayores de 75 años que hayan cumplido la mitad de su pena, estén en riesgo inminente de muerte o sufran de invalidez total, lo cual incluiría a represores de la dictadura militar que fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad.

Al referirse a esta iniciativa legal, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, recordó que el Derecho Internacional señala con claridad que los beneficios a la población penal en general y a los condenados por crímenes de lesa humanidad se basan en reglas diferentes.

Margotta señaló que para estos últimos casos, es una condición colaborar en los procesos judiciales, lo que no ha ocurrido en el caso chileno.

También aseguró que los represores que cumplen condena en Punta Peuco no solo se han negado a colaborar en el esclarecimiento de la justicia y reparación para las víctimas, sino que no han expresado arrepentimiento y algunos incluso han reivindicado sus crímenes de manera pública.


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