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La Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó que la suspensión se realizara de forma inmediata.

La Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó que la suspensión se realizara de forma inmediata. | Foto: El Ciudadano

Publicado 14 enero 2022



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La decisión fue tomada tras admitir el recurso presentado por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas.

El Poder Judicial de Chile informó este viernes que la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó la suspensión del proceso de licitación del litio, luego de la polémica surgida en el país tras el anuncio del Ministerio de Minería.

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A través de su cuenta en la red social Twitter, indicó que la "Corte de Apelaciones de Copiapó acoge a trámite recurso de protección y dicta orden de no innovar que suspende proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio de litio".

Además, aclara que la Corte tomó la decisión tras admitir el trámite de un recurso de protección presentado por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, así como de comunidades indígenas, en contra del proceso de licitación del litio en el norte de Chile.

El recurso presentado contra este proceso alegó la vulneración de garantías constitucionales como igualdad ante la ley, derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y desarrollar cualquier actividad económica.

La Corte también dio diez días para que el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y el subsecretario de ese ente, Edgar Blanco Rand, presenten informes sobre las adjudicaciones para la explotación del litio.

“Ofíciese a efectos de notificar a la recurrida por la vía más expedita de la interposición del presente recurso y la concesión de orden de no innovar, adjuntando copia del recurso y de la presente resolución”, indicó el Poder Judicial.

El Ministerio de Minería de Chile informó el pasado 12 de enero que se adjudicaron dos cuotas, de las cinco disponibles, de 80.000 toneladas de litio cada una, por un total de 121 millones de dólares a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. 

Tras el rechazo de varios sectores del país por esta acción, un grupo de diputados opositores presentaron un recurso ante la Contraloría General para solicitar que se investigue la legalidad del proceso de licitación.


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