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Las querellas fueron presentadas ante dos agencias especializadas de la ONU, de las que se espera pronunciamiento.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina presentó dos denuncias ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por las masacres en Sacaba y Senkata, Bolivia, ocurridas tras el golpe de Estado de noviembre pasado.
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Sacaba es la capital de la provincia del Chapare y la segunda ciudad más poblada del departamento de Cochabamba. Por su parte, Senkata es una barriada de El Alto, urbe del departamento de La Paz.
En un comunicado publicado este miércoles, el CELS denunció al Gobierno de facto por ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos y su impunidad, a nueve meses del quiebre institucional en el país andino.
El documento fue firmado además por la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Andina de Información y otras organizaciones de derechos humanos.
Se trata de dos textos, uno por los hechos de Sacaba, en Cochabamba, el 15 de noviembre 2019, y los de Senkata, en La Paz, cuatro días después, perpetrados por las Fuerzas Armadas tras el golpe de Estado contra Evo Morales.
#Bolivia Denunciamos al gobierno de facto de Jeanine Áñez por las violaciones cometidas por las fuerzas armadas y la policía en las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre 2019, pocos días después del golpe que la llevó al poder. https://t.co/qtffrsDvBO
— CELS (@CELS_Argentina) August 12, 2020
“La abundante evidencia enviada da cuenta de que tanto en Sacaba como en Senkata, las Fuerzas Armadas y policiales, con armamento letal, reprimieron las protestas con saldo de 21 muertos y más de 70 heridos”, precisa el texto.
Asimismo, el CELS señala que no se brindó atención médica a las víctimas de la represión. Al contrario, en las dos masacres, los recuentos de testigos relatan que quienes se acercaron a brindar socorro también recibieron disparos.
El comunicado fue presentado ante la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias y al Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de la ONU; y se basan en abundantes elementos de prueba, incluyendo decenas de archivos de audio, imágenes, videos y entrevistas obtenidas por organizaciones bolivianas y extranjeras, de acuerdo a las precisiones del CELS.
La institución advirtió que, nueve meses después de esos hechos, no se ha avanzado en ninguna investigación para determinar las responsabilidades en las ejecuciones y las graves lesiones ocasionadas a quienes ejercían su derecho a la protesta.
Por otro lado, recordó que “la persecución política, la restricción, represión y criminalización de la protesta no han cesado y se agravan en Bolivia”.
“La comunidad internacional debe seguir exigiendo verdad y justicia para las víctimas de Sacaba y Senkata, reclamar la inmediata liberación de las personas presas de manera arbitraria y hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos hasta el restablecimiento de la democracia en ese país", concluye el comunicado.
