Fuerza Especial pide capturar a exministro de facto boliviano

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Bolivia pidió este miércoles a la Fiscalía General emitir una orden de aprehensión contra el exministro de Economía del Gobierno de facto, José Luis Parada, imputado por varios delitos durante su gestión.

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La solicitud de Felcc ante el fiscal encargado del caso, Mauricio Jara, se produce luego de que Parada se ausentara de prestar declaración ante el Ministerio Público el pasado 28 de agosto con relación a su caso y el préstamo ilegal que solicitara al Fondo monetario Internacional (FMI).

A Parada, titular de la cartera de economía durante el régimen de facto de Jeanine Añez, se le imputan delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, conducta antieconómica, e incumplimiento de deberes, delitos que también cometieron otros miembros del Gabinete de facto.

Crímenes asociados a la supuesta contratación irregular de un préstamo de 346 millones de dólares del FMI, los cuales presumiblemente debían destinarse a atender la crisis sanitaria generada por la pandemia de Covid-19.

“El exministro Parada comprometió las rentas del Estado enviando una nota, habilitando un pagaré de Estado, la fe del Estado para tal propósito; nosotros no mandamos nada. Esta es una asignación, no es un crédito, es una distribución, incluso esto incrementa nuestras Reservas Internacionales Netas (RIN)”, indicí el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

A propósito de este crimen económico, el presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas que Áñez ciertamente dio un golpe de Estado, y dejó el país con las arcas estatales casi vacías, con deudas al Banco Central de Bolivia, a empresas extranjeras y a proveedores.

Además, increpó al régimen de facto por el mal manejo de la pandemia, al punto de que en plena crisis sanitaria, su administración, en vez de invertir en el sector de la salud, autorizó la asignación de más de cinco millones de dólares para la compra de agentes químicos empleados en la represión de manifestantes en su contra.