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La Confederación de Mujeres Campesinas declaró emergencia y exigió la libertad de la dirigente campesina.

La Confederación de Mujeres Campesinas declaró emergencia y exigió la libertad de la dirigente campesina. | Foto: APG Noticias

Publicado 27 febrero 2020


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Felipa Huanca expuso la persecución en su contra y aseguró que la mantienen incomunicada, sin oportunidad de hablar con su familia ni abogados.

La exdirigente boliviana de las Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa", Felipa Huanca, denunció este miércoles su detención ilegal e incomunicación en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, bajo el pretexto de supuestamente impedir su fuga. 

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“No me han notificado, ni siquiera me han citado”, declaró Huanca, quien fue detenida por un trámite que realizó para participar de un Congreso de Mujeres Campesinas en México.

“Esto tiene que esclarecerse, no pueden seguir acusándome y mintiendo. ¿Qué clase de Gobierno tenemos?”, añadió la líder campesina y reiteró su inocencia respecto al supuesto desfalco en el Fondo Indígena por el que es investigada.

Huanca expuso la persecución en su contra y manifestó que “ni siquiera me han dejado sacar el celular, hablar con mi familia o abogados, es muy lamentable. (Estoy)  incomunicada”. Además, reclamó los derechos de las mujeres, y el cumplimiento de las leyes.

La aprehensión se produjo menos de un día después de que la Dirección Nacional de Migración reportara que, el pasado 20 de febrero, Huanca había intentado tramitar su pasaporte, lo cual le fue negado al verificarse que cuenta con una alerta migratoria emanada por autoridad jurisdiccional.

"Hasta ahora no me han comprobado nada, yo tengo derecho de estar caminando, es una persecución política, yo no he robado", sostuvo poco después de su detención y acusó a Rafael Quispe, actual director del nuevo Fondo de Desarrollo Indígena, de imputarla sin pruebas y difamarla. 

En 2014, Quispe presentó una denuncia en contra de la exdirigenta por supuesta legitimación de ganancias ilícitas, malversación, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y conducta antieconómica, pero en 2016 la Fiscalía rechazó el recurso.


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