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En medio de la represión desatada por el Gobierno de facto tras el golpe de Estado de 2019, las masacres de Sacaba y Senkata fueron de los hechos más sonados.

En medio de la represión desatada por el Gobierno de facto tras el golpe de Estado de 2019, las masacres de Sacaba y Senkata fueron de los hechos más sonados. | Foto: Twitter: @evoespueblo

Publicado 6 julio 2021



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Las masacres de Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019, ocurrieron bajo el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

La Fiscalía General boliviana admitió este lunes una nueva demanda contra la exgobernante de facto Jeanine Áñez (2019-2020) por las masacres en Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019, refiere un informe del Ministerio de Justicia en sus redes digitales. 

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La admisión de la demanda es el primer paso para un juicio de responsabilidades, el cual sería exigible a Áñez en su calidad de jefa de las fuerzas armadas para el momento en el cual ocurrieron las masacres.

Los hechos de Sacaba se registraron el 15 de noviembre de 2019, cuando una numerosa marcha contraria al golpe de Estado contra Evo Morales, de las Seis Federaciones del Trópico intentó rebasar el cordón policial que se instaló en el puente Huayllani.

Cuatro días después, pobladores hicieron un bloqueo en inmediaciones de la planta de combustibles de Senkata, de la ciudad de El Alto, también en rechzo al golpe de Estado y se enfrentaron con las fuerzas militares.

La presidente de los familiares de los fallecidos de Senkata, Gloria Quisbert, saludó de inmediato el hecho de la admisión de la demanda y al respecto afirmó "damos un aplauso, sí, pero queremos llegar a lo profundo, que se haga justicia por estas muertes".

Quisbert dijo que se espera que se investigue lo sucedido, porque recordó que "no tiene ni olvido ni perdón" lo que hicieron Áñez y su exministro de Gobierno, Arturo Murillo con la aprobación del Decreto Supremo 4078, el cual eximió de responsabilidad a los militares que actuaron en la represión del pueblo en el golpe de Estado de 2019.

El director nacional del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima, Tito Tornero, consideró, a su vez, que la admisión de la proposición acusatoria en el Ministerio Público es "un gran logro" luego de un largo proceso de recopilación de pruebas.

La exgobernante de facto enfrenta un proceso penal en la justicia ordinaria por el golpe de Estado de 2019, planteado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo, Lidia Patty; caso en el cual habría incurrido en los delitos de terrorismo, sedición, conspiración, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, entre otros.


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