Boletines
Opacidad
Opacidad
Señal en Vivo
Solo Audio
Esta sería una de las luchas anticorrupción más difíciles para el país debido a la posición de los implicados.
Representantes de la Fiscalía de Costa Rica continuarán este miércoles las audiencias de medidas cautelares del caso denominado "Cochinilla", por el cual permanecen detenidos 28 funcionarios de entidades estatales y privadas, señalados por presuntos actos corrupción en contratos de obras públicas.
LEA TAMBIÉN:
Detienen a funcionarios y empresarios en Costa Rica por corrupción
Según un comunicado de la Fiscalía, durante la noche del martes pasado los abogados de la defensa concluyeron sus audiencias ante el Juzgado Penal de Hacianda, las cuales se extendieron durante una semana.
Concluida esa fase, los jueces deliberarán por espacio de tres días para dictar las medidas cautelares o de otro tipo que consideren apropiadas para cada uno de los detenidos, que guardan prisión desde el 14 de junio pasado.
Aunque suman 28 los cautivos, las autoridades judiciales aseguran que investigan en total a 72 personas.
El Conavi debe ser intervenido. He solicitado al Ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez que concrete el mecanismo legal apropiado para hacerlo lo más pronto posible. La ciudadanía espera y merece que se llegue al fondo de este asunto.
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) June 17, 2021
El 14 de junio pasado el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó 57 allanamientos, incluidos varios en las oficinas de altos asesores de la Presidencia del país.
Estos sujetos tenían conexiones a través de las cuales firmas constructoras ofrecían dádivas, propiedades de lujo y favores sexuales a cambio de un trato preferente para asegurar contratos gubernamentales de infraestructura.
Los implicados laboraban en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y en empresas constructoras privadas como Meco, H. Solís, Constructora Herrera, Cacisa e ITP Ingeniería.
Es muy oportuno que @asambleacr cree una comisión investigadora sobre el caso que @oij_Organismo sacó a la luz pública. Respaldo también el acuerdo que tomó anoche el Consejo de Admón. de CONAVI frente a estas denuncias. Hechos como los denunciados son absolutamente inaceptables. pic.twitter.com/3RhkWyBuXy
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) June 16, 2021
Entre 2018 y 2020, las autoridades estiman que los servidores públicos se apropiaron de manera indebida de cerca de 78.000 millones de colones (unos 125 millones de dólares).
Los ejecutivos de la construcción crearon facturas falsas y contratos con sobreprecios para compensar las coimas pagadas a los funcionarios de Gobierno, según los investigadores.
De acuerdo con medios locales, este caso podría convertirse en una prueba de fuego para el sistema de justicia de la nación. Los fiscales han abierto una investigación donde muchos de los involucrados pertenecen a la élite, que hacen más complicado el escenario por su capacidad de socavar las investigaciones anticorrupción.
