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A este crimen se le suma el del también el excombatiente Darío Herrera a finales de enero en el municipio de Ituango.
El exguerrillero de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército de Colombia (FARC-EP) Daniel Jiménez fue asesinado en el municipio colombiano de Puerto Guzmán pese al llamado de paz por parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en búsqueda de garantías a la seguridad personal de los excombatientes.
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De acuerdo con el medio local Contagio Radio, el asesinato del firmante del proceso de paz “ocurrió el domingo 16 de febrero sobre las 9 de la noche, y su cuerpo fue trasladado al municipio de Curillo, en Caquetá”.
Refiere, además, que en su muerte estuvieron involucrados hombres armados quienes le dispararon repetidamente.
Asistimos a un #VendavalDePlomo que se pasea por las fauces del Gobierno y este no hace nada. Ayer asesinaron a Daniel Jiménez, firmante de la paz, en Puerto Guzmán, Putumayo. pic.twitter.com/wykNdxjBuk
— SERGIO MARÍN (@Sergio_FARC) February 19, 2020
A este asesinato se le suma el del también el excombatiente Darío Herrera a finales de enero en el municipio de Ituango, en el norte de Antioquia, en el noroeste del país suramericano.
Ante esta situación, sumado a la violencia que existe en el país contra personas relacionadas a las FARC-EP, el partido se pronunció alegando que la falta de seguridad está “reflejada en la continuidad sistemática del asesinato de líderes sociales y de exguerrilleros de las extintas FARC-EP”.
El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, precisó que uno de los desafíos principales en la implementación del acuerdo es la seguridad.
Siguen los atentados contra líderes, siguen las amenazas contra la oposición y se ataca residencias de sus familiares y este gobierno sigue sin decir absolutamente nada. @IvanDuque @MisionONUCol @UNPColombia https://t.co/enXbjHLkGI
— Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) February 17, 2020
A más de tres años de la firma del Acuerdo de Paz entre la exguerrilla FARC-EP y el Estado colombiano resulta necesario implementar lo pactado pues según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en 2019 ocurrieron 86 asesinatos de líderes sociales, aspecto donde la seguridad es más crítica.
