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Las organizaciones de excombatientes reclaman se detenga el asesinato sistemático de antiguos guerrilleros.

Las organizaciones de excombatientes reclaman se detenga el asesinato sistemático de antiguos guerrilleros. | Foto: Indepaz

Publicado 21 diciembre 2020


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Ya suman 247 exrebeldes asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz hace cuatro años.

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido de la desmovilización de la guerrilla FARC-EP,  denunció el asesinato del excombatiente Luis Triana en el municipio La Macarena, que pertenece al departamento del Meta (300 km al sur de Bogotá).

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La organización partidista informó en redes sociales que el asesinato ocurrió la noche del sábado cuando desconocidos que iban en una motocicleta "le dispararon tres veces y con posterioridad quemaron la moto en la que se movilizaba".

Según el abogado y defensor de derechos humanos, Gustavo Enrique Maestre, el asesinado Luis Eduardo Triana era conocido como “Perra Zarca” y estaba en el proceso de reincorporación en la ETCR de Urías Rondón de Playa Rica, jurisdicción de la Macarena, Meta.

De acuerdo al movimiento político, con el asesinato de Triana ya son 247 los desmovilizados asesinados desde noviembre de 2016, año en que el Estado colombiano y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron el acuerdo de paz.

A propósito de estos asesinatos, el Gobierno aseguró el pasado 25 de noviembre que ha actuado “con diligencia” para proteger a los exguerrilleros de las FARC-EP que dejaron las armas.

La posición de las autoridades fue fijada en una audiencia en la que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó a altos funcionarios y al partido sobre la violencia contra los firmantes.

En esa diligencia judicial, el partido FARC insistió en que hay un “genocidio” contra sus militantes y acusó a la administración del presidente Iván Duque de tener un doble discurso para la paz y no detener “el desangre” que los afecta.

En julio pasado, la JEP ordenó a varias instituciones estatales, entre ellas la Fiscalía y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, tomar medidas de protección para exmiembros del grupo armado.

A finales de octubre, excombatientes de todas las regiones del país comenzaron una peregrinación a Bogotá “Por la paz y por la vida”, en rechazo a los asesinatos de sus compañeros. Esa movilización culminó el 6 de noviembre en una reunión con Duque, que los excombatientes calificaron de “alentadora”.


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