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Leyenda Familiares de víctimas de la dictadura argentina reclaman justicia.

Leyenda Familiares de víctimas de la dictadura argentina reclaman justicia. | Foto: Destape Web

Publicado 30 septiembre 2018



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Organismos de DD.HH. en Argentina denuncian que desde la llegada de Macri son más los represores que cumplen condena en sus casas que aquellos que lo hacen en una cárcel.

En lo que va del año, 92 represores de la última dictadura en Argentina dejaron las cárceles para volver a sus casas, la cifra revela que casi el 64 por ciento de quienes cometieron delitos de lesa humanidad pagan su condena o esperan juicio lejos de la prisión. Según las estadísticas difundidas esta semana por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Los organismos de Derechos Humanos han advertido que la medida de arrestos domiciliarios podría funcionar como un mensaje de impunidad sobre los crímenes de lesa humanidad.

El 2018 arrancó con 549 represores beneficiados con la medida judicial; sin embargo, de enero a septiembre la cifra aumentó a 641. El número difundido por el Ministerio Público asombra más si se la coteja con la cantidad de genocidas presos: solo 272.

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De acuerdo al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que depende del Ministerio de Justicia: en establecimientos federales, solo hay 217 genocidas pagando en prisión su condena.

Familiares de víctimas de la dictadura marchan contra beneficios a represores. | Foto EFE

Los defensores de DD.HH. han indicado que en 2015, la mayoría de los culpables por crímenes de lesa humanidad purgaban o esperaban su condena en la cárcel. Pero en 2016, los represores presos eran solo 460 y 519 los que estaban en domiciliaria. Para 2017 la cifra saltó a 549 represores detenidos en sus domicilios.

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Según los organismos de DD.HH. la cifra de 641 represores bajo arresto domiciliarios podría explicarse por el fallo del 2x1 de la Corte Suprema que abría la puerta para una liberación temprana de los genocidas.

El SPF como la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad advirtieron de la caída en el número de detenidos en sus dependencias desde 2016. En ese momento, eran 313 los acusados o condenados por delitos de lesa humanidad presos en unidades federales, como Marcos Paz y Ezeiza.

Según el director de la procuraduría Emiliano Blanco para 2017 la cifra de represores pagando su condena en prisión bajó a 248 y este año son 217. Blanco informó que de los detenidos de 2018, 176 están procesados y sólo 41 condenados.


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