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A la vicepresidenta argentina se le acusa de presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez.

A la vicepresidenta argentina se le acusa de presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez. | Foto: Página 12

Publicado 13 agosto 2022



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El abogado de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, informó que presentaría este viernes la recusación contra el vicepresidente del tribunal oral Jorge Gorini.

La ampliación de la recusación a un fiscal y a integrantes del tribunal oral que juzga a la vicepresidenta  de Argentina, Cristina Fernández, tuvo lugar este viernes por la defensa de la exmandataria.

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El abogado de Fernández, Carlos Beraldi, informó que presentaría este viernes la recusación contra el vicepresidente del tribunal oral Jorge Gorini, quien de acuerdo a las pruebas constatadas por el medio Página 12, sostuvo encuentros con Patricia Bullrich, una de las denunciantes originales de la causa contra la exjefa de Estado, acusada por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra públicas.

De igual manera, se había constatado que el otro integrante del tribunal Rodrigo Giménez Uriburu, fue recusado días atrás por sus vínculos cercanos con el fiscal de la causa, Diego Luciani, el cual era una figura cercana al expresidente Mauricio Macri.

Al respecto de los vínculos entre los jueces, Mauricio Macri y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actual presidenta de Propuesta Republicana (Pro), la defensa de la expresidenta precisó que “estas visitas generan a la defensa un temor objetivo de parcialidad porque existen reglas precisas acerca de cómo se deben comportar los magistrados y la necesidad de que no tengan contactos con funcionarios del Poder Ejecutivo”.

En un comunicado el equipo de defensa subrayó que “la grave omisión en que incurrió el juez Giménez Uriburu contó con el aval explícito del fiscal Luciani, extremo que denota una grave violación a los deberes de resguardo de la legalidad y de la objetividad que pesan sobre todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal”.

A la vicepresidenta argentina se le acusa de presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015).


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