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Colombia es uno de los países donde corren más riesgo los lideres sociales

Colombia es uno de los países donde corren más riesgo los lideres sociales | Foto: Archivo Telesur

Publicado 23 febrero 2018



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Un informe revela que al menos 197 activistas medioambientales fueron asesinados el año pasado por enfrentarse a Gobiernos y compañías que roban sus tierras.
 

El informe anual difundido recientemente por la organización internacional Global Witness sostiene que un total de 197 personas defensoras del medioambiente fueron asesinadas en el mundo, América Latina encabeza la lista con México, Brasil y Colombia entre los países más peligrosos para los defensores de la tierra y el medioambiente.

A este se suma un reporte elaborado por la organización internacional Front Line Defenders que afirma que 312 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2017.  De estos, 156 entre Brasil y Colombia, mientras que en México la cifra fue de 120 activistas asesinados, un 50 por ciento más que en 2016.

Fuente:Gglobal Witness.

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Según la organización, que registró asesinatos en 27 países, el 80 por ciento de los crímenes ocurridos se dieron en Brasil, Colombia, México y Filipinas.

El documento señala que el 67 por ciento de los activista que fueron ajusticiados estaban comprometidos con la defensa de sus derechos a la tierra, así como con la protección del ambiente y de los pueblos indígenas.

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Según la codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Astrid Puente Riaño, la situación que se da en América Latina es bastante compleja por ser esta una de las regiones más desiguales del planeta, pues existen poblaciones con elevados niveles de vulnerabilidad económica, política y social. 

Además recalca que se trata de una región con un alto índice de impunidad, donde la aplicación de normas es discriminada. 

Por su parte, el jefe de Global Witness, Billy Kyte, explicó que los principales problemas son la corrupción en torno a los recursos naturales que tiene la región, pues facilita que empresas relacionadas con la hidroeléctrica, minería y agroindustrias marginalicen a las poblaciones indígenas y los despojen de sus recursos.


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