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El Supremo Tribunal Federal de Brasil abrió este martes una investigación contra la mandataria constitucional Dilma Rousseff, su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva y los exministros Aloizio Mercadante y José Eduardo Cardozo, informaron medios locales.
Los funcionarios son acusados de obstaculizar las investigaciones por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, según la petición presentada en mayo por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, acogida por el magistrado Teori Zavascki.
Igualmente, la Corte Suprema decidió investigar al senador destituido Delcídio do Amaral y los magistrados del Superior Tribunal de Justicia, Francisco Falcao y Marcelo Ribeiro Dantas.
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Zavascki había devuelto la petición del procurador para un nuevo análisis luego de anular el proceso del caso porque fueron utilizadas escuchas telefónicas no autorizadas de conversaciones de Rousseff y Lula.
Con la reapertura de la investigación se iniciará un proceso de recolección de pruebas y después de esa fase, Janot deberá decidir si formaliza la denuncia o archiva el caso.
Por su parte, los abogados de Lula da Silva señalaron en una nota de prensa que el exmandatario "jamás practicó cualquier acto que pueda configurar crimen de obstrucción a la Justicia".
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"Lula no se opone a cualquier investigación, que sea llevada a cabo por lo legal y tenga las garantías fundamentales", explicó la defensa de Lula, que es investigado dentro del proceso de la "Operación Lava Jato", como se conoce al caso de corrupción enquistado en la petrolera estatal Petrobras.
En contexto
Los casos de corrupción de Petrobras aparecieron en marzo de 2014 tras el arresto de Paulo Roberto Costa, exdirector de abastecimiento de la petrolera brasileña, acusado de establecer un esquema de desvío de fondos y lavado de dinero en el que estarían implicados varios políticos de los principales partidos de Brasil, incluido el Partido de los Trabajadores (PT).
La policía federal de Brasil estima que la trama de corrupción en Petrobras desvió de forma ilegal más de 4 mil 300 millones de dólares.
La trama consistía en que empresas sobornaban a altos funcionarios de Petrobras para conseguir contratos sobrefacturados multimillonarios con la petrolera estatal.
El expresidente Lula da Silva fue detenido para que ofreciera declaraciones en el marco de la operación. Sin embargo, este denunció que la detención fue arbitraria porque él no se había negado a declarar.
La Operación Lava Jato fue impulsada por el Gobierno de Rousseff para identificar a los responsables de la corrupción en Petrobras.
Según expertos, tanto la exmandataria Dilma Rousseff y el expresidente Lula son blanco de una campaña de desprestigio para acabar con su liderazgo en Brasil.
