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La Secretaría de la Función Pública (SFP) de México determinó inhabilitar y en casos específicos destituir a seis funcionarios adscritos al área de centros de readaptación federales por su presunta participación en la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, informó el secretario de instancia, Virgilio Andrade, luego de cinco meses de investigaciones.
La coordinadora general de penales federales, Celina Oseguera, será inhabilitada por 10 años por transgredir a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al reglamento que rige los centros federales de readaptación social (Cefereso), y al manual de protocolos que regulan las normas en las instalaciones.
La SFP determinó que Oseguera no aprobó el presupuesto para la actualización de sistemas de seguridad internos y la optimización de operaciones dentro del Cefereso, además comprobaron que no se ejecutaron maniobras para mejorar los sistemas de operación interna.
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El 31 de diciembre de 2014 llevaron a cabo una sesión extraordinaria para autorizar la entrega de un televisor a Guzmán Loera, pasando por encima los reglamentos.
En ese orden, la directora técnica del Centro de Readaptación Social del Altiplano y titular del área jurídica, Leonor García, también fue inhabilitada por 10 años por no haber declarado de inmediato la alerta máxima, una vez escapado el cártel de Sinaloa.
Constataron que García faltó a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos y los reglamentos de Cefereso.
Por ese mismo tiempo quedó inhabilitado el director general del penal de máxima seguridad del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, al haber omitido la coordinación con los efectivos de seguridad federales tras enterarse de la fuga de Guzmán Loera. Otro de los motivos por los quedó inhabilitado fue por la no activación del código rojo de alerta para enfrentar la situación, y además, por los problemas que hubo para visualizar el monitor de la celda del reo.
Se le imputó abuso de autoridad por haber participado en la sesión extraordinaria de funcionarios de diciembre de 2014 en la que aprobaron la entrega del televisor. El supervisor penitenciario adscrito al penal del Altiplano, Roberto Cruz Bernal, también fue inhabilitado por la misma cantidad de años.
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El oficial del centro de readaptación, Esteban Estrada, quedó inhabilitado por no atender las llamadas que se efectuaron para la activación del código rojo ni dar la alerta a las autoridades.
En el caso del supervisor penitenciario, Juan Ignacio Orozco, fue destituido e inhabilitado por 10 años por su omisión en estas acciones de alerta. El Secretario afirmó que hasta ahora no hay más funcionarios investigados en relación con la fuga de Guzmán Loera.
Descartó que servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional pudieran ser sancionados.
Rechazó que el excomisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, haya participado en las averiguaciones.
Anunció que se ejecutarán reformas reglamentarias en torno a las contrataciones públicas para fortalecer la transparencia e imparcialidad. Se impulsarán las contrataciones abiertas a través de la ampliación del Compranet, optimización en las investigaciones de mercado previo a las contrataciones, así como de las reglas sobre contrataciones y contratos marco, fortalecimiento de las reglas y condiciones de transparencia en contrataciones restringidas y consolidación de la figura del testigo social.
EN CONTEXTO
Joaquín “El Chapo” Guzmán fue recapturado el pasado ocho de enero en Los Mochis, estado de Sinaloa, luego de una enfrentamiento en un domicilio del que logró escapar por el drenaje y salir a la calle por una alcantarilla.
Guzmán Loera fue aprehendido cuando intentaba escapar con el hombre de mayor confianza en un vehículo.
El cártel de Sinaloa se fugó el pasado 11 de julio de 2014 de la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, en el estado de México, por un túnel de 1.5 kilómetros.
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