Es evidente que existe un marcado deterioro en las relaciones del gobierno de facto peruano con los gobiernos y pueblos de México, Colombia, Bolivia, Honduras, Chile, Argentina  y varios de la región latinoamericana y caribeña que han condenado el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 en contra del presidente elegido democráticamente, Pedro Castillo Terrones. Esta situación se ha ido escalando en la medida que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, inicialmente condenó al gobierno golpista de la señora Dina Boluarte al apuntar: “porque esto se está aplicando en distintas partes. Son golpes blandos, ya no es la intervención militar, ya es ir con el control de los medios de información, que los manejan los oligarcas de los países, ir socavando a autoridades legal y legítimamente constituidas; más, si se trata de gente surgida del pueblo o que quiere hacer algo en beneficio del pueblo y no pertenece a las élites. Entonces, van implementando campañas de desprestigio, magnificando errores que se cometen. Y siguen siendo los medios instrumentos para manipular y justificar actos contrarios a la democracia. Esto pasó en Brasil, acaba de pasar en Argentina, ahora es Perú” (La Jornada, 09/12/22). 

Toda esta situación también se hizo evidente en la postura de los gobiernos que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). En ese último cónclave regional, durante su cumbre celebrada a mediados de diciembre de 2022, en La Habana,  se manifestó: “Expresamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo peruano, quien se ha visto afectado por una grave crisis institucional prolongada, que ha generado una serie de hechos que atenta contra la estabilidad y el bienestar de las mayorías”. Agregando:  “Rechazamos el entramado político creado por las fuerzas de derecha de ese país en contra el presidente constitucional Pedro Castillo, obligándolo a tomar medidas que fueron luego aprovechadas por sus adversarios en el parlamento para destituirlo” (Los Angeles Times 14/12/22).

Posición semejante la manifestó el presidente colombiano Gustavo Preto al condenar que: “La crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico Latinoamericano” (El Espectador, 19/12/22). El más reciente episodio hostil de la administración de Dina Boluarte se generó con la declaración del gobierno peruano de declarar persona non grata al embajador mexicano en esa nación sudamericana, Pablo Monroy Conesa. La Cancillería mexicana tomó nota de la declaración hostil de ese gobierno golpista  al instruir al diplomático mexicano de regresar a territorio nacional con el “fin de resguardas su seguridad e integración física”. Incluso en el comunicado núm. 508 del 20 de diciembre de 2022,  en la nota emitida por la cancillería mexicana se afirmaba que “México cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores, especialmente para atender las necesidades de los mexicanos avecindados en el Perú”. Al respecto el mismo mandatario mexicano afirmó: “Tenemos un embajador muy bueno en Perú, que ha venido resolviendo sin el apoyo de nosotros, el apoyo de la Fuerza Aérea, el traslado de Mexicanos que están o estaban en Perú. Este embajador ha estado moviéndose. Ya por ejemplo ya llegó el equipo de futbol que estaba allá y está utilizando las líneas comerciales y no ha sido necesario el mandar el avión (militar) que esta preparado con ese propósito” (La Jornada, 20/12/2022). Esa situación se desarrolló como una reacción ante el hecho de que la familia del presidente Castillo Terrones se asiló en la Embajada mexicana y con ello logró ser trasladada a territorio mexicano para su protección en la madrugada del 21 diciembre. Diversos parlamentarios peruanos, han condenado esa persecución política golpista de Dina Boluarte y sus aliados, así como otros parlamentarios de la derecha peruana han acusado al gobierno mexicano de intervencionista e incluso han manifestado su condena de dar asilo en México a familiares “corruptos” del presidente Castillo Terrones.

Recordemos que en diversas partes del Perú como producto del golpe blando y más de 25 fallecidos producto de la represión de las fuerzas armadas peruanas, se han realizado diversas movilizaciones demandando la liberación del presidente Pedro Castillo Terrores; la renuncia de Dina Boluarte a la residencia de facto; la disolución del Congreso y nuevas elecciones generales en el país sudamericano entre otras demandas de un amplio movimiento ciudadano. Puede considerarse que tal como el golpe de Estado generado en Bolivia contra el presidente Evo Morales en 2019, en el Perú seguirá la misma dinámica política de esos países y pueblos andinos. Es decir, entrar en una nueva fase de acumulación de fuerzas para revertir el golpe blando y através del proceso electoral aprobado por el Congreso para abril de 2024,  vuelvan tomar el poder las fuerzas  progresistas y democráticas del pueblo peruano. Escenario que de generarse llevará a los golpistas de la oliqarquía como Dina Boluarte a la prisión, tal  como hoy la padecen la expresidenta golpista boliviana Jeanine Añez y sus secuaces.