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El presidente de México desde su propia campaña lo prometió. Llegaría al fondo de los hechos y desentrañarían la verdad sobre la desaparición de los estudiantes.
Cuando en 2020 fue detenido y puesto en prisión el capitán José Martínez Crespo, el primer militar presuntamente vinculado con grupos criminales en el estado de Guerrero, no estábamos tan lejos de saber la verdad acerca de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en 2014.
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde su propia campaña lo prometió. Llegaría al fondo de los hechos y desentrañarían la verdad sobre la desaparición de los estudiantes.
Una vez que alcanzó la Presidencia, en diciembre de 2018, no tiró a un lado todo el dolor acumulado. En una de las primeras acciones de su Gobierno, se instituyó la Comisión de la Verdad para investigar el hecho y desentrañar el encubrimiento.
Ya en el 2020 se habían detenido a 80 personas vinculadas a tales desapariciones. Fue cuando el mandatario reiteró que no habría impunidad, porque no permitiría que se fabricara “otra falsedad, otra llamada Verdad Histórica”.
A ocho años que parecen siglos para los familiares de los jóvenes asesinados, comienza exponerse el camino de la justicia. No existe precedente en la historia de México, la atrocidad ha sido llamada por su nombre: “crimen de Estado”.
En el sitio web del Gobierno mexicano, se ha hecho público un informe detallado que muestra con total transparencia este proceso y la satisfacción ofrecida -paso a paso- a los familiares.
El documento de 103 páginas y ocho anexos, aparece como Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
Los datos aquí descritos fueron presentados primero a las familias en Palacio Nacional, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego expuesto a la opinión pública.
La comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019, expuso los hechos, la participación de cárteles del narcotráfico ‘Guerreros Unidos’ y la implicación estatal con nombres y apellidos, en torno al asunto.
El informe incluye que dadas las "acciones, omisiones o participación" de militares y funcionarios, fue permitido el secuestro y asesinato de los muchachos de la escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más.
Se hará justicia, también a nombre de las miles de personas desaparecidas en todo el país.
El viernes 19 de agosto del 2022, la Fiscalía General de México (FGR) informó que miembros de la policía federal ministerial arrestaron en su domicilio de la Ciudad de México al exprocurador Jesús Murillo Karam, supervisor del encubrimiento de la desaparición de los estudiantes.
Claramente se le imputa al exprocurador, “por los hechos de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia”, refiere el comunicado de la Fiscalía. Murillo Karam, fue titular de la extinta Procuraduría General de la República, disuelta el 20 de diciembre de 2018.
Su participación fue determinante en la trama de la mal llamada “verdad histórica”, durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Algunos como él, además de su implicación, pasaron a la historia por frases muy puntuales que demostraron su recia inhumanidad. Infame es la palabra, cuando intentó dar por terminada una ronda de preguntas y respuestas al presentar “su” versión oficial del asesinato de los jóvenes de la escuela normal de Ayotzinapa: “muchas gracias, ya me cansé”.
Es fácil imaginar el rostro de los que lo escucharon y supieron esperar hasta ahora, cuando la FGR emitió una orden de arresto contra él y fue dado a conocer que un juez federal del Estado de México formuló 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares.
La Fiscalía emite órdenes de arresto por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.
Va por la tropa del Batallón 41 y el 27 de Infantería de Iguala. También por 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula y 11 policías estatales de Guerrero y 14 integrantes de la organización criminal ‘Guerreros Unidos’, implicados en el Caso Ayotzinapa.
Lo cierto es que desaparecieron en la noche cuando intentaban reivindicar la memoria de la masacre de Tlatelolco de 1968, otra tragedia estudiantil ocurrida en la plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México. Allí fueron asesinados 78 estudiantes y 31 quedaron desaparecidos.
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, ya no se supo más de los jóvenes sembradores de conciencia, que se volvieron incómodos para agentes de la policía municipal, quienes de conjunto con otros hombres armados los hicieron bajar de los ómnibus.
Según consta en el Informe dado a conocer, “tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes”.
Dadas las inconsistencias demostradas en la pesquisa anterior al informe actual, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que la investigación “fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos”.
Informe que presenté ante medios de comunicación como presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso #Ayotzinapa
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) August 18, 2022
���� Descarga aquí en el documento https://t.co/PtW1zUmfHa
Igualmente se admitió que los integrantes del Ejército, al tanto de la situación en Iguala, no hicieron nada para evitar la tragedia. Lo sabían, porque admitieron que entre los desaparecidos estaba -infiltrado- el soldado Julio César López Patolzin, al que habían encargado de informar las actividades de los estudiantes, refiere el diario La Jornada de México.
También cita la propia fuente, el reconocimiento de que desviaron el proceso indagatorio y han sido ejecutadas o se registran muertas algunas personas que pudieron ser “testigos claves”. Se trata de miembros de grupos criminales o sus familiares, funcionarios y políticos, quienes estaban proporcionando información.
“Lamentablemente en este proceso han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas claves”. afirmó Encinas, quien preside la comisión investigadora creada por el presidente mexicano.
Honda ha sido la herida infligida al pueblo mexicano, que debe ser reparada con el justo proceso judicial, la reparación del daño y el trabajo por garantizar que la tragedia nunca se repita.
Los jóvenes de las escuelas normales rurales enarbolan un bastión de resistencia, en honor a la Revolución Mexicana. Se preparan como maestros de escuelas primarias, para ofrecer educación gratuita a campesinos e indígenas de las más remotas zonas del territorio mexicano.
En Ayotzinapa -nombre proveniente del Náhuatl que significa río de las tortuguitas- según el censo de población del 2010, existían 84 habitantes km2, dato que debe haber variado más de una década después; pero no tanto las características del lugar situado a unos 5 km al sur de la ciudad de Tixtla de Guerrero, donde en la en la década de los años 30, hubo un cambio en el terreno educativo.
A través de una cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento al gobernador de entonces, se crearon las condiciones para construir la escuela. El Profesor. Raúl Isidro Burgos, la terminó y la hizo funcionar como secundaria.
Del profesor lleva el nombre la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Al momento del asesinato de los 43 jóvenes estudiantes, contaba con 520 alumnos, mucho más conscientes hoy de los ideales y derechos que deben defender.
