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La Justicia de Bolivia rechazó hace unos días una apelación presentada por Áñez para el cese de la detención preventiva.
La justicia boliviana emitió el auto de apertura de juicio contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez y otros nueve acusados por el golpe de Estado de 2019.
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El próximo 10 de febrero inicia el juicio que debe durar semanas por estar sólido y fundamentado el caso, declaró el ministro de Justicia de Bolivia, Ivan Lima. El Gobierno busca justicia y no haya impunidad respecto del golpe de Estado, por lo que los delitos imputados pueden acarrear penas de cárcel de entre diez y doce años.
Recordemos cómo, en medio de la confusión y el apoyo mediático cómplice, incluso algunos bolivianos asimilaron que el golpe de Estado era un “Gobierno transitorio”, mientras tanto, desde la visión internacional, se logró visibilizar y manifestar públicamente el sangriento acto.
De más está decir que los golpistas deben ser juzgados para sentar precedente ante intentonas golpistas.
Jeanine Áñez dice en su cuenta de Twitter que “la verdad los hará libres”. Lo hace desde la prisión preventiva, efectiva a partir del 15 de marzo de 2021. CIDH rechazó en octubre de 2021 la solicitud de medidas cautelares, al determinar que el Estado boliviano ha velado en todo momento por la salud de la detenida.
Se cumple el plazo para que los imputados presenten formalmente sus pruebas de descargo, anunció el abogado de la acusación, Marcelo Valdez. “Está previsto que se dicte la apertura de juicio, ya se va a iniciar el juicio oral, público y contradictorio de la señora Jeanine Áñez por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes”, dijo a los reporteros.
La autoridad estatal recordó que en el llamado “Caso golpe de Estado II", fue iniciado contra Áñez por las acciones previas que realizó en calidad de Senadora antes de la ruptura constitucional de 2019, por lo que los delitos tipificados fueron incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes.
En noviembre pasado, la Fiscalía en La Paz presentó una acusación formal contra Áñez, en la vía ordinaria dentro del caso golpe de Estado II.
En este primer juicio están acusados Áñez y los excomandantes militares y policiales por su condición de exfuncionarios que adoptaron resoluciones inconstitucionales.
Entre los acusados junto a Áñez están los exjefes militares Williams Carlos Kaliman Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Flavio Gustavo Arce San Martín, Carlos Orellana Centellas, Jorge Elmer Fernández Toranzo, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino y Palmiro Gonzalo Jarjury Rada.
La Justicia de Bolivia rechazó hace unos días una apelación presentada por Áñez para el cese de la detención preventiva que cumple por el caso del ‘golpe de Estado I’, en el que se le acusa de sedición, terrorismo y conspiración en el marco de la crisis postelectoral del año 2019 en la nación suramericana.
El Código Penal establece una pena máxima de diez años de cárcel para los culpables de resoluciones contrarias a la Constitución, refiere el sitio web Noticias de América Latina y el Caribe (Nodal).
El inicio del proceso oral público que transparentará los pormenores del golpe de Estado y cerrará un ciclo político en Bolivia, tendrá lugar en un plazo de 45 días, añadió el viceministro de Justicia, Jaime Siles, el pasado 12 de enero en entrevista con el programa Síntesis, de Radio Cepra.
Siles recordó que el proceso contra Áñez responde a sus acciones como senadora previos a la asonada de 2019, por lo que los delitos tipificados son incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes.
El viceministro expresó su confianza de que el Órgano Judicial acelerará ahora el procedimiento jurídico “para que en marzo, cuando más en abril, tengamos la primera sentencia por el Caso golpe de Estado II”
El artículo 8 de la Constitución Política del Estado (CPE), al cual se le dio “el golpe”, decía: “Queremos volver a Vivir Bien, lo que significa que ahora empezamos a valorar nuestra historia, nuestra música, nuestra vestimenta, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestros recursos naturales, y luego de valorar hemos decidido recuperar todo lo nuestro, volver a ser lo que fuimos”.
El artículo 8 de la CPE establece que: “El Estado asume y promueve como principios ético–morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
“Para los que pertenecemos a la cultura de la vida lo más importante no es la plata ni el oro, ni el hombre, porque él está en el último lugar. Lo más importante son los ríos, el aire, las montañas, las estrellas, las hormigas, las mariposas (…) El hombre está en último lugar, para nosotros, lo más importante es la vida”, explicó alguna vez el excanciller David Choquehuanca, uno de los estudiosos aymaras de ese modelo y experto en cosmovisión andina.
Para implementar tal filosofía de existencia, fue necesario que llegara al poder el primer mandatario de origen indígena en la historia de Bolivia. En las elecciones de 2005, Evo Morales obtuvo casi el 54 por ciento de los votos.
A partir de aquí, Bolivia experimentó transformaciones económicas y sociales. Dejó de ser uno de los países más pobres, y ese indicador disminuyó de 38,2 por ciento en 2005 a 16,1 por ciento en 2017. Ello significó una rebaja de 21,1 puntos porcentuales, la mayor a nivel de región.
“La tasa de desempleo abierto urbano registró una reducción sustancial al pasar de 8,1 por ciento en 2005, a 4,2 por ciento en 2019. El PIB creció desde el 2006 a un ritmo promedio de 4,3 por ciento, mientras los programas sociales resultaron amplios y variados para lo cual se destinó alrededor de 2.000 millones de dólares, el mayor para un aparato estatal que hasta el año 2005 invertía sólo 500 millones de dólares”, refiere la analista Marina Menéndez.
Alfabetizar a 819.417 personas se dice fácil. Eran el 99,5 por ciento del total de analfabetos del país, por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró al país Libre de Analfabetismo en 2010.
En 2014, el presidente aymara fue reelecto para el período constitucional 2015-2020 con más de 60 por ciento de los votos. En el 2018, Bolivia alcanza un 4,7 por ciento y un PIB de 40.000 millones de dólares, reconocido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Lo que interrumpe el golpe de Estado es el progreso de un país para el bien común, con altos índices de desarrollo humano y garantía de los derechos fundamentales. Un país en crecimiento, redistribución de las riquezas y flujo de inversiones, con notable mejoría en todos los indicadores macro y microeconómicos.
Cuando el Banco Mundial pronostica a la nación andina la caída del 5,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), se hace evidente el aumento de la pobreza. “El desempleo urbano subió de 4,2 por ciento a 9,4 por ciento y la informalidad ronda al 80 por ciento de la población económicamente activa”.
Eso es lo visible del sufrimiento de una nación. A pesar del claro lenguaje elitista y anti indígena, de las precariedades populares, del saldo negativo en la gestión de la camarilla de facto que juró sobre una biblia -con el mazo dando- en un Estado laico, en total irrespeto a la libertad de religión y de creencias espirituales. A pesar de todo lo ocurrido, convendría escuchar al sociólogo argentino, doctor en Ciencia Política Atilio Borón, cuando advirtió de la experiencia boliviana.
“Hay que estudiar los manuales publicados por diversas agencias de Estados Unidos y sus voceros disfrazados de académicos o periodistas para poder percibir a tiempo las señales de la ofensiva. Esos escritos invariablemente resaltan la necesidad de destrozar la reputación del líder popular, lo que en la jerga especializada se llama asesinato del personaje (character assasination), calificándolo de ladrón, corrupto, dictador o ignorante. Esta es la tarea confiada a comunicadores sociales, autoproclamados como «periodistas independientes», que a favor de su control cuasi monopólico de los medios taladran el cerebro de la población con tales difamaciones, acompañadas, en el caso que nos ocupa, por mensajes de odio dirigidos en contra de los pueblos originarios y los pobres en general”.
Bolivia es un país soberano de 11.633.371 de habitantes, situado en la región centro-occidental de América del Sur. Políticamente constituido como un Estado plurinacional, descentralizado con autonomías.
“Hermanos, simplemente pedir a nuestros Achachilas, nos den sabiduría para poder llevar adelante al país en paz, tranquilidad y en prosperidad. Jallalla hermanos”. Con una ofrenda a la Pachamama y encomiendas para afianzar el Gobierno que comienza, el presidente electo de Bolivia, Luis Arce ,y su vicepresidente David Choquehuanca, recibieron los símbolos de la energía en la ceremonia ancestral.
En el templo prehispánico de Tiwanaku, próximo a La Paz, tuvo lugar la ceremonia privada donde los amautas ofrecieron dos diademas, en representación de los Apus (dioses) máximos. Para Arce el símbolo del Sol, a Choquehuanca el Apu, el de la Luna. Síntesis de la energía, el agua y la vida, imprescindibles para "Vivir Bien".
Ambos líderes fueron los ganadores con el 55,18 por ciento de votos, en los comicios del pasado 18 de octubre del 2020, por lo que la ceremonia es el mejor augurio, después del Gobierno de facto que negaba hasta sus esencias. Modo de reivindicar la victoria de 2019, arrebatada a Evo Morales, representante, como Arce, del Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS–IPSP) .
Una nación que “recupera con Luis Arce no sólo la democracia, sino también la esperanza”, opinó el expresidente Morales sobre el nuevo jefe de Estado, a quien llamó “hermano de compromiso por la liberación de nuestro querido país”.
Ya Evo, en pleno acto de justicia, regresó a su patria, a su casa. En su honor, fue recibido con un almuerzo en Orinoca, su pueblo natal, no sin detenerse en el ranchito de adobe que fuera el hogar de la infancia.
Gracias hermanos, repetía Evo, una y otra vez, personalmente y por las redes sociales. Mientras junto a Álvaro García Linera -quien fuera el vicepresidente- “mi hermano de vida y de lucha, regresamos por caminos que hemos añorado tanto, para encontrarnos con la multitud de mineros de Atocha y su indeclinable compromiso revolucionario y afecto”.
El exmandatario pudo regresar después de que la justicia boliviana anuló una orden de aprehensión en su contra, interpuesta por el Gobierno de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez.
En su caravana de retorno desde la frontera con Argentina hasta Cochabamba, tras casi un año, Evo fue recibido por centenares de seguidores, ante quienes afirmó: “Hemos recuperado la democracia sin violencia, hemos recuperado la patria”.
Para esa mayoría, sus acertadas palabras al momento de la partida fueron una realidad, cuando evocó a Tupac Katari: “volveremos hechos millones”
Recientemente, el líder del MAS–IPSP precisó que el golpe de Estado de 2019 en Bolivia representó una nueva estrategia del antiguo Plan Cóndor, mientras denunció la participación de Gobiernos como Brasil, Ecuador y Argentina en el rompimiento del hilo constitucional en el país
“Por admisión de un presidente ultraderechista se comprueba que los Gobiernos de Brasil, Ecuador y Argentina, que estaban sometidos a Estados Unidos (EE.UU.), conspiraron y colaboraron con el golpe de Estado en Bolivia que derivó en persecución, masacres y corrupción. Es el Plan Cóndor del Siglo XXI”, dijo.
“Es hora de poner un alto a golpes militares, congresales, judiciales y anticonstitucionales que patrocina EE.UU. para someter a los pueblos y saquear recursos naturales”, por lo que reclama una profunda investigación de los hechos.
“No lograron apagarnos, estamos vivos”, es la más sentida expresión del actual vicepresidente David Choquehuanca, en su convocatoria a la hermandad, a la unidad, convencido de que son hijos de una cultura milenaria, comprensiva de la interconexión cósmica, donde nada está dividido.
“Por eso nos dicen que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo y a nadie le falte nada”. Para los ancestros, como entiende Choquehuanca, el bienestar común se revierte en el individual, por lo que ayudar al prójimo es motivo de crecimiento y felicidad.
“El ayni, la minka, la tumpa, nuestra colka y otros códigos de las culturas milenarias son la esencia de nuestra vida, de nuestro ayllu”. Ayllu no solo es una organización de sociedad de seres humanos, "ayllu es un sistema de organización de vida de todos los seres, de todo lo que existe, de todo lo que fluye en equilibrio en nuestro planeta o Madre Tierra”.
“Los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de los tiempos remotos”. Durante siglos, los cánones civilizatorios del Abya Yala fueron desestructurados y muchos de ellos exterminados, el pensamiento originario fue sistemáticamente sometido al pensamiento colonial, sentenció.
“Somos de Tiwanaku, somos fuertes, somos como la piedra, somos cholke, somos sinchi, somos Rumy, somos Jenecherú, fuego que nunca se apagaba, somos de Samaipata, somos jaguar, somos Katari, somos comanches, somos mayas, somos guaraníes, somos mapuches, mojeños, somos aymaras, somos quechuas, somos jokis, y somos todos los pueblos de la cultura de la vida que despertamos larama, igual, rebelde con sabiduría”.
Con la nacionalización de los hidrocarburos, el Estado boliviano aseguró un ingreso de 12.424 millones de dólares, para los primeros seis años, lo que significan 2.000 millones de dólares anuales, distribuidos en beneficios sociales para las gobernaciones, municipios y universidades estatales. El desempleo fue reducido sustancialmente a nivel urbano, de 8,1 por ciento a 4, 2 por ciento, en 2019.
El triunfo del pueblo, frente a la representación elitista del Gobierno de facto, es un manifiesto de rescate de esos beneficios sociales y económicos arrebatados.
Fue precisamente, la nacionalización del sector hidrocarburífero, una de las primeras medidas que permitió usar el excedente para costear programas sociales. Con el desgobierno de este año 2020, los malos manejos económicos pusieron en riesgo a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Aun siendo un candidato presidencial por el MAS-IPSP, Luis Arce denunció reiteradamente el desfalco de YPFB y otras compañías como Mi Teleférico y Boliviana de Aviación. El actual presidente, adelantó -durante su campaña- al diario británico Financial Times, que retomará el programa de cambios, iniciado en 2006 por el líder indígena Evo Morales.
Su programa está basado en la recuperación de los recursos naturales de la nación andina, un tiempo austero, mucho trabajo y la batalla por la vida, lo que los ubicará nuevamente en el proceso de crecimiento económico y el descenso de la desigualdad.
“Rectificar lo que estuvo mal y profundizar lo que estuvo bien”, aseguró Arce y sostuvo que la democracia implica proteger “el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a los ingresos y a la vivienda”. “Democracia es el derecho de disfrutar de la riqueza que es para todos, no para unos cuantos”.
Así pues, tres veces Jallalla, significa resistencia y lucha. Emancipación y larga marcha de autogobierno por su libre determinación como pueblo indígena. De vuelta a su rumbo, inicia un nuevo tiempo para Bolivia.
El mandatario boliviano deseó la paz y unidad para todas las bolivianas y bolivianos y recordó que durante el 2021 se logró recuperar la senda de la estabilidad, de la certidumbre y del crecimiento económico.
“Hemos disminuido el desempleo, la pobreza y las desigualdades. Todas y todos hemos aportado con nuestro trabajo a la construcción de la Bolivia que soñamos, donde las bolivianas y bolivianos tengamos una vida digna y un país del cual nos sintamos orgullosos”, agregó el jefe de Estado boliviano.
Luis Arce reafirmó su compromiso con la justicia social para seguir avanzando en la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales y económicas. También llamó a la unidad de las familias bolivianas y dijo que la prioridad de su gestión es velar por la salud del pueblo, la reconstrucción económica y productiva del país.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que Bolivia crezca cuatro puntos porcentuales, el Banco Mundial un 3,5 por ciento y la Cepal 3,5.
El Presupuesto General del Estado 2022 establece una inversión pública de 5.015 millones de dólares. La rápida reactivación de la economía en esta gestión se sostiene en la implementación de diferentes medidas como la creación del Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública, y los créditos SIBolivia con el objetivo de sustituir importaciones.
Igualmente, en el pago del Bono contra el Hambre que insertó en la economía más de 4.000 millones de bolivianos (571 millones de dólares) y otras medidas que beneficiaron a la población, dijo Montenegro, citado por Bolivia TV. Se registra una recuperación del 36 por ciento, en el transporte aéreo (49) y en hotelería (38).
Las exportaciones totalizan 9.000 millones de dólares, mientras las importaciones tienen un valor de 7.400 millones de dólares, por lo que “hemos generado una balanza comercial positiva de 1.584 millones de dólares”, precisa el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro.
Con el objetivo de mejorar la capacidad productiva, el Gobierno decidió eliminar por un año el cobro del Impuesto al Valor Agregado a las importaciones y la implementación del Impuesto a las Grandes Fortunas que permitió la recaudación de 240 millones de bolivianos (34 millones de dólares).
La recaudación tributaria creció 14 puntos porcentuales, al pasar de 38 millones de bolivianos (más de 5 millones de dólares) en 2020 a 44 millones de bolivianos (más de 6 millones de dólares) en este año y la tasa de desempleo bajó del 11,6 al 5,2 por ciento en esta gestión, indicó el Ministerio de Economía y Finanzas, en los últimos días de diciembre de 2021.
Montenegro informó que alrededor de 1.1 millones de nacionales se incorporaron a centros laborales durante el 2021, lo cual constituye otro indicador del crecimiento económico en ese país.
El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) de Bolivia 2021-2025, denominado “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”, fue implementado a partir de su aprobación a finales del 2021 por la Cámara del Senado de ese país.
“Las perspectivas para la gestión 2022 tienen una tendencia a seguir mejorando en empleo e ingresos, además de una mayor dinámica en la construcción, transporte, manufactura, minería y otros sectores”, aseveró el ministro de Economía del país suramericano.
