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En Colombia ocurrieron 96 masacres, fueron asesinados 171 líderes sociales y 48 firmantes de los Acuerdos de Paz hasta diciembre del 2021, informó Indepaz.
No hubo combates, dice el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Las inspecciones establecieron que todas, las 27 víctimas, recibieron disparos a corta distancia en la modalidad de “sicariato”.
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El hecho conmocionó al país porque, según diversas versiones, dicho choque armado obligó a decenas de familias a desplazarse de sus lugares de origen: Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, en busca de refugio. Los que se suman a los más de 2.000 desplazados en esta zona.
El 2022 comenzó con un presunto enfrentamiento en el departamento colombiano de Arauca, demarcación fronteriza con Venezuela, por parte de actores armados. Probablemente la cifra aumente al conocerse que unas 50 personas están desaparecidas.
Por su parte, el senador del partido Comunes, Julián Gallo, dijo que es inaceptable la idea que el conflicto en Arauca es responsabilidad de grupos armados. Es una idea que, afirmó, quiere imponer el Gobierno colombiano y sustentado por unos medios de comunicación.
Las imágenes que corrieron por redes sociales son estremecedoras. Personas baleadas sobre los caminos, a las orillas de ríos y carreteras sobre charcos de sangre. La versión del Ejército colombiano no coincide con la de los pobladores de Arauquita y otros municipios.
La Comisión de Paz del Congreso tuvo una sesión especial. A propósito recalcó que “la situación presentada en Arauca tiene sus raíces en el abandono del Estado, la falta de atención a las necesidades de las comunidades y al incumplimiento en la implementación integral del Acuerdo de Paz”.
“Más grave aún, ocurren en la frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela, ante la que el Gobierno de Iván Duque mantiene rotas las relaciones, incuba propósitos desestabilizadores y contempla amenazas de intervención agresiva”, sustenta el Partido Comunista Colombiano.
"Indigna que un departamento como Arauca, hipermilitarizado y con un gobernador militar (el general retirado Alejandro Miguel Navas), sea sacudido por los crímenes de ciudadanos y trabajadores", enfatizaron.
El inicio de 2022 también fue enlutado por la muerte de seis personas en dos masacres. La primera acción de ese tipo fue perpetrada en el municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca, donde fueron asesinados tres hombres de nacionalidad venezolana.
La segunda fue en la zona urbana del municipio de Maní, departamento de Casanare, donde también murieron asesinados tres colombianos, entre ellos un menor de edad.
Es perturbador el nivel de violencia en Colombia, escenario donde escala la fatal selección contra la Guardia indígena, los líderes de las regiones y actores comunitarios. Es una guerra que hace tiempo pasó de ser encubierta por las amenazas y asesinatos, a las acciones armadas y combates impunes.
La reacción del Estado, por lo general, va hacia la militarización de los territorios y nunca es proporcional con los resultados de paz. Igualmente varios actores armados han ocupado territorios en situación de pandemia, como garantes del orden público, lo que constituye una combinación amenazadora.
Las denuncias acerca de las situaciones de violencia contra las comunidades indígenas, no siempre son atendidas. Lo cual constituye también complicidad con el crimen selectivo y el exterminio cultural de esta reserva. No falta la estigmatización y criminalización de los procesos político organizativos.
En Colombia ocurrieron 96 masacres, fueron asesinados 171 líderes sociales y 48 firmantes de los Acuerdos de Paz hasta diciembre del 2021, informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 a la fecha, 1.286 líderes han sido ultimados, según el balance de Indepaz.
Masacre #96 ocurrida en 2021
— INDEPAZ (@Indepaz) December 31, 2021
Fecha: 31/12/21
Guamal, Magdalena
En un establecimiento público, ubicado en el corregimiento de Ricaurte, jurisdicción de Guamal, Magdalena, fueron asesinados tres hombres, entre ellos el concejal Willintong Tinoco Angarita y dos familiares. pic.twitter.com/LZnla3ja18
Indepaz de Colombia divulgó los datos en su informe "Cifras de la violencia en las regiones 2021", en el que recogen los hechos ocurridos entre el 1° de enero y el 24 de diciembre. Posteriormente, actualizaron las cifras con nuevos hechos de violencia ocurridos en el país.
Más de 330 personas murieron en las masacres, las cuales sucedieron en unos 70 municipios de 20 departamentos. Entre los 171 líderes sociales asesinados, más de 20 mujeres fueron mujeres. En el caso de los 48 firmantes, cuatro eran mujeres.
Hasta el 15 de noviembre de 2021, Indepaz reportó que los departamentos con mayor número de masacres fueron Antioquia y Cauca, con 14 cada uno. En segudo lugar estaba Valle del Cauca con 11 y Nariño en tercero con ocho masacres.
Durante la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) responsabilizaba al Gobierno por las desapariciones, crímenes y masacres cometidas por grupos amparados por la Autodefensas Unidas de Colombia.
Cómo olvidarlo en momentos como estos con tantos muertos, víctimas de la violencia política, el conflicto armado, motivaciones políticas y sociales. Incluso civiles ajenos al conflicto, según reportara el diario El Tiempo en junio 2004. Tal como sucede ahora.
La actividad actual represiva del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), creado en 1999 como decreto transitorio durante el Gobierno de Andrés Pastrana, fue formalizado por el expresidente Uribe Vélez.
La capacitación de los agentes antidisturbios ha sido validada por el actual mandatario Iván Duque, reiterando que sus miembros ejecutantes, de la Policía y el Ministerio de Defensa, encarnan los "valores democráticos".
Y no son cifras que salen de la nada. Para llevar la secuencia, veamos. “Hasta el 18 de mayo del 2021, la organización no gubernamental (ONG) Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró 2.387 casos de violencia policial, 43 homicidios presuntamente cometidos por la policía y 1.139 detenciones arbitrarias”, informó teleSUR en su momento.
Distintas ONG locales hablan de decenas de homicidios y miles de heridos que involucran a agentes de la fuerza pública, entre abril y mayo, según la organización Defender la Libertad.
También denuncian que varias personas han sido asesinadas por agentes encubiertos -policías operando sin uniforme- o de policías uniformados junto con el paramilitarismo.
No basta con que el papa Francisco rece por "el querido pueblo colombiano", o pida el diálogo, para "evitar comportamientos dañinos en el ejercicio de su derecho a manifestarse pacíficamente", en alusión a la represión policial.
"La situación en Colombia sigue siendo preocupante. En esta solemnidad de Pentecostés, rezo para que el querido pueblo colombiano sepa acoger (al Espíritu Santo) de forma que, a través de un diálogo serio, se encuentren soluciones justas a los muchos problemas que enfrenta, especialmente los más pobres debido a la pandemia", clamó en la oración.
“Expresamos nuestra solidaridad con aquellos que han perdido sus vidas, o han sido heridos, así como con sus familias”, comentó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Todo ocurre en medio de la pandemia de la Covid-19, que generó una explosión de contagios con la circulación de la nueva variante Ómicron. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, en Colombia se reportaron más de 23.074 casos nuevos de coronavirus hasta el 11 de enero de 2022.
El reporte da cuenta de 65 fallecimientos más por el virus. Con esta actualización, la cifra total de muertes en Colombia asciende a 130.460. Las autoridades del sector esperan un aumento mayor de las cifras de afectados para los venideros días, al tiempo que insiste en la vacunación para evitar los contagios.
Desde el 2015, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) reveló que un 54,2 por ciento, es decir, uno de cada dos hogares en Colombia no podía acceder a una alimentación básica diaria.
Del total de 50,34 millones de habitantes, hay más de 21 millones de colombianos que viven en la pobreza, en comparación con la cifra de 17,4 millones en 2019, antes de la pandemia.
A ello se suma otro 30 por ciento de la población que está en situación de vulnerabilidad económica.
Cualquier crisis económica lo ubica en riesgo de caer en la pobreza extrema, unos 145.000 pesos (38,65 U$S) por mes. Vivir en la línea de pobreza en Colombia significa un ingreso individual per cápita de 338.000 pesos (88,42 U$S).
Las cifras del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas indican que un 5,5 por ciento (casi 2,8 millones) más que en 2019, están en precariedad alimentaria.
Eso implica que 1,6 millones de familias no pudieron continuar con tres raciones diarias en 2021. Se especifica el daño en los hogares rurales, los que tienen a una mujer como cabeza de familia y a los de indígenas y afrodescendientes.
"Mucha gente en Colombia ya no tiene nada que perder, aparte de su vida”, dice la representante de Adveniat -congregación episcopal-, refiriéndose a las protestas, mientras elevan una plegaria.
De acuerdo con el segundo informe de la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, mantiene su denuncia a la persecución política y otras graves violaciones de los derechos humanos, al exponer ante el representante de la Comisión de Esclarecimiento de Colombia, padre Francisco de Roux.
“Me reivindico como partícipe de la oposición política histórica al régimen. Primero en la lucha desde las bases populares del Partido Liberal por el desmonte del Frente Nacional y la apertura democrática que se plasmó en el proceso constituyente de 1991, pero que quedó tempranamente frustrado”, dijo.
Hacer oposición política en Colombia es una actividad de alto riesgo, precisó Piedad Córdoba, pues sectores del mismo Estado persiguen, estigmatizan, amenazan, atenta y asesinan a dirigentes contrarios al oficialismo.
En ese sentido, propuso a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición para que se garanticen los derechos de la oposición y activistas de los derechos humanos, como parte de su labor para la reparación y el fomento de un sistema sano, y solicitó la apertura de los archivos de inteligencia para determinar los crímenes cometidos por el Estado.
Córdoba comentó que la persecución no ha sido solo contra ella, sino contra su familia y otros líderes, organizaciones sociales y partidos que han sido exterminados, y adelantó que mostrará las prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
En su informe, refiriere a aquellas violaciones que tengan patrones o posean un carácter masivo durante el conflicto armado, y señalará las responsabilidades colectivas del Estado, Gobierno, los poderes públicos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), los paramilitares y demás involucrados.
“En Colombia, la política se circunscribió a la formalidad electoral e institucional, desconociendo otras formas de participación ciudadana”.
La Comisión fue instaurada tras los Acuerdos de Paz, que luego de los diálogos sostenidos en La Habana y Oslo, fuera refrendado el 24 de noviembre de 2016, en Bogotá.
El cese del conflicto debe construirse sobre la reparación integral de las víctimas, como parte de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición está compuesto por los siguientes mecanismos y medidas: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.
Elaborar un informe minucioso que visibilice y denuncie a nivel internacional todas las violaciones de los Derechos Humanos en Colombia, corrobora el Protocolo de Estambul. Este convenio sobre todas las formas de violencia fue suscrito por el propio Estado colombiano, afirma la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos, que describe la represión estatal.
En medio de la crisis actual, aún “hay parlamentarios que plantean, con la excusa de la Covid-19, la iniciativa de prorrogar dos años el mandato de Iván Duque y el Congreso y no hacer elecciones”. La polémica lanzada por el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, señala: “se trataría de un verdadero golpe de Estado. El desespero para detener el cambio los lleva a la locura”, dijo.
Indepaz reportó, el pasado 8 de enero, la cuarta masacre de este 2022 en el municipio Colón Genova del departamento de Nariño, con tres víctimas, la más reciente en Colombia.
