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El presidente Salvador Allende propuso al Congreso legislar sobre la problemática mapuche y en 1972 se promulgó como ley.
El primer respeto es por la palabra. Mapuche significa “mapu”, tierra, país, y “che” persona. Y el segundo, es por la deconstrucción de la historia. Se ha preguntado, ¿quién la contó?
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Y resulta que la narraron los conquistadores -españoles- los primeros. El Archivo Nacional de Chile conserva el original de la "Crónica del Reino de Chile, Flandes Indiano", escrita por el padre Diego Rosales, donde relata la muerte de Caupolicán.
Así, lo primero fue desacreditar al líder militar originario, ese que dieron a conocer como a un perdedor. Dijeron que “el toqui” se escondió, no ofreció resistencia y que otro “indio” lo delató. Después, lo minimizaron “como hombre”, cuya mujer, Fresia, “le arrojó a uno de sus hijos, indignada porque su padre no había luchado por la libertad de su pueblo y de su familia”.
La metáfora también hizo mal a la imagen de la mujer indígena, al mostrarla desalmada, sin sentido del amor y protección hacia sus hijos. Porque las visiones dependen del objetivo con que se trasmiten y eso también se aprende.
Con la palabra se construye la historia, se puede hacer la paz y crear la guerra, afirma la profesora mapuche Elisa Loncon, quien desde un recinto universitario chileno defiende la espiritualidad de su lengua: mapudungún. Cuando se pierde la lengua materna, con ella van sus conocimientos, identidad y código de vida diferente a la cultura occidental.
Para 1982, más de 300.000 personas hablaban el idioma de la tierra entre Chile y Argentina. Hoy, apenas un 10 por ciento de la población mapuche lo practica y otro 10 por ciento lo entiende. La belleza de la diversidad lingüística indígena “se encuentra en resistencia, al igual que sus hablantes”.
El machi Celestino Córdova, la autoridad ancestral del pueblo mapuche estuvo 107 días en huelga de hambre, depuso su acción tras firmar un acuerdo con el Gobierno para llegar a su rehue, ese altar de conexión cósmica que le haría recuperarse, supuestamente. Pero el Gobierno chileno solo le ha concedido poco más de un día para ello: 30 horas.
“Nuestro machi hoy se encuentra prisionero del Estado chileno, que no ha dudado en aplicarle la ley antiterrorista, sin realizar antes una investigación acuciosa sobre los hechos acaecidos el 4 de enero de 2013, en la granja Lumahue, parte del patrimonio de la Familia Luchsinger”, dice la declaración de solidaridad.
La palabra es poderosa: “Manifestamos que la verdadera demanda de nuestro pueblo es recuperar nuestro territorio. Creemos que el Estado debe responder por haber incentivado el asentamiento de colonos extranjeros y haber permitido proyectos capitalistas en la zona, que lo único que han hecho es depredar y sobreexplotar nuestros recursos naturales, provocando un desequilibrio para la vida de nuestro pueblo nación Mapuche, lo que, en la práctica, se ve expresado en la escasez de agua, hierbas medicinales y así mismo en la violación de nuestros sitios sagrados. Nuestra lucha es por la vida en todas sus expresiones”.
Rodrigo Curipan es un hombre activo en la recuperación del territorio mapuche del Bajo Malleco. Sobre ello, narra que: “En 1883, este territorio mapuche fue ocupado y la mayoría de los sobrevivientes, fueron relegados a territorios muy pequeños. En 1931, nuestra comunidad, junto con otras, por primera vez presentó la demanda de desempleo en las tierras antiguas”.
Continúa diciendo que “en 1932 comenzó un proceso de reclamación de la antigua tierra y parte de lo que había sido Los Títulos de Merced. Desde 1998 al 2000, Los Títulos de Merced se recuperaron gracias a un proceso de movilización, en el que participaron varias comunidades de la región. Este proceso de recuperación comenzó en 1964 de manera directa. Tiene que ver con el período de 1970 a 1973 cuando la reforma agraria fue llevada a cabo por el gobierno de Salvador Allende”.
Curipan prosigue al explicar que “en un período posterior hubo una contrarreforma y la mayoría de la gente fue expulsada nuevamente de los mismos territorios. Muchos mapuches creían que, a través de la ley indígena, podían recuperar sus territorios usurpados. En el 1993, una vez resuelto el tema de la dictadura, ya en democracia, los mapuches aceptaron la Ley Indígena”.
“Así es que del 93 al 98, toda la movilización mapuche se basó en la convicción de que esta Ley resolvería el problema. Pero los que creyeron eso, cometieron un grave error”, refiere.
La historia oficial es contada por los dueños de los medios de difusión chilenos. A los mapuches los califican como “enemigos" del Estado, el mismo que distorsiona el porqué de su resistencia. Incluso, los etiquetan como invasores, ignorando la memoria histórica de su comunidad.
¿Quién la trajo a donde vivían pasivamente los hombres de la tierra? Desde la formación del Estado chileno en el siglo XIX, los indígenas fueron perdiendo sus terrenos, a través de prácticas engañosas.
El modelo chileno, que tanto han vendido como fórmula, descansa en la explotación de los recursos naturales, y buena parte de ellos están en la Araucanía. Gran cantidad de recursos naturales en pugna, como las demandas indígenas porque la Araucanía tiene uno de los niveles de pobreza más altos de Chile.
El propio Estado legitima la violencia, atribuyéndole supuestos crímenes que no cometieron; agrediendo y disolviendo su identidad, fomentando los prejuicios al no reconocerlos. Los estereotipos, las burlas hasta contra los apellidos mapuche: Indios, salvajes, curiches.
No importa que la letra -¿muerta?- del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes los reconozca.
En la práctica, ¿quién respeta la situación de más de 5.000 pueblos indígenas y tribales, poseedores de idiomas, culturas, modos de sustento y sistemas de conocimiento? Enfrentan la discriminación y condiciones de trabajo de explotación, miseria y marginalización.
Al llegar los españoles a América en el siglo XVI, los mapuche ocupaban un territorio bastante amplio y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Su sociedad “se desarrolló en la abundancia”.
En contraste, “hay una militarización constante en lo que el Estado define hoy como ‘zona de conflicto’: Allanamientos en comunidades, persecución a dirigentes políticos, niños que viven y crecen bajo esta lógica”, califica la académica Isabel Aninat,directora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas.
“Y por supuesto, hay una reacción que pasa por el uso de mecanismos de corte violento: Corte de caminos, incendios. Pero es un error atribuir a la cultura mapuche rasgos de violencia”, continúa Aninat.
Los antepasados defendieron ese lugar, desde que los territorios indígenas empezaron a tener demanda, el incentivo económico se hizo creciente. El Estado subastó las tierras de los originarios a colonos chilenos y extranjeros.
Cientos de otros colonos italianos, suizos, franceses y alemanes, llegaron a la "Mesopotamia" de América del Sur. Así se conoció en el viejo continente, cuando recién pacificaron a la codiciada Araucanía.
El pueblo mapuche fue forzado a un desplazamiento de sus tierras, asesinado o apresado como esclavo. Los sobrevivientes se convirtieron en mano de obra barata. La “tierra pública” de Chile está en manos privadas. Mientras, los que resisten, alzan la voz por sus derechos.
“La mayoría de nosotros creció sabiendo que pertenecíamos a una organización política mapuche de pleno derecho”, dice Rodrigo Curipan y añade que “muchos mapuches comenzaron a comprender que la Ley Indígena se había convertido en una amenaza y no era un medio para resolver la cuestión de las tierras antiguas”.
“A la pregunta de si el Estado está legitimado para permanecer en territorio mapuche, respondería que no. Si me preguntas si el Estado está legalmente legitimado para ocupar el territorio mapuche, la respuesta es sí. En el tratado de 1825 había dos acuerdos fundamentales: Nadie debía cruzar la frontera, hacia ningún lado; y nadie debía comprar tierras a ningún lado”, indica.
Además, manifiesta que “el Estado no solo ocupó las tierras de los mapuches, sino que comenzó a venderlas incluso antes de ocupar el territorio. En ese momento empezaron a llegar los notarios, intérpretes y representantes de las autoridades. Todos estuvieron de acuerdo en que la tierra que el usurero o el individuo estaba comprando no estaba en territorio indígena, sino que era parte del Estado”.
De igual forma, asevera que “era ilegal que el notario validara la venta de un indígena a un no indígena, pero esto sucedió de todos modos. La ocupación de la tierra mapuche se llevó a cabo mediante el engaño”.
La contienda ha sido prolongada. Desde la Guerra de Arauco, que condicionó un aislamiento cultural y lingüístico, hasta finales de siglo XIX, al comienzo de la ocupación de la Araucanía.
“El revuelo de hoy día tiene un trasfondo milenario”, cuenta Martín Correa, historiador e investigador del Observatorio Ciudadano, porque a veces la historia realiza puntos de giro, a partir de acciones dramáticas, con igual antecedente.
Esta fue la muerte del anciano empresario Werner Luchsinger, encontrado junto a su esposa tras un incendio que arrasó con la casa patronal de su fundo en Lumahue, comuna de Vilcún, en 2013.
Conocidos en todo Chile por su prominencia como latifundistas y porque años atrás, Matías Catrileo, un joven comunero mapuche, fue baleado por la espalda en los predios de uno de los Luchsinger. La orden de tirar a matar fue dada por los colonos a los carabineros que resguardan la zona.
El primero, Adán Luchsinger Martí, fue “motivado” en Europa por la Agencia de Colonización para “hacer las Américas”. Arribó a Talcahuano, zona centro–sur de Chile, hoy uno de los puertos más importantes del país y, en aquellos tiempos, la puerta de entrada a Suramérica.
Llegó desde Suiza a adquirir tierras en Chile, por lo que, los cinco fundos en Vilcún se remontan a 1906, cuando Adán Luchsinger Martí compró 60 hectáreas a un inmigrante alemán. Las tierras de este clan suman hoy 1.200 hectáreas, reclamadas por las comunidades mapuches vecinas desde hace más de 100 años.
El historiador comenta, a la Radio Universidad de Chile, que “en general, la relación ha sido de conflicto. Los mismos comuneros señalan que los Luchsinger tenían una pulpería y cuando no podían pagar los alimentos, se iban adjudicando tierras hasta tener las que poseen hoy”. Este mecanismo es reconocido por Conrado Luchsinger en la entrevista a la revista Qué Pasa.
Para 1908 y 1909, se otorgan los títulos de merced a diez comunidades mapuches ubicadas en los límites de los predios Luchsinger. Posteriormente, el fisco requisó terrenos “baldíos” en territorio mapuche, determinando cómodamente que eran sitios sin trabajar.
Los inmigrantestrazaron convenientes líneas rectas para delimitar sus propiedades; segundo choque con las demarcaciones indígenas. Obviamente, los mapuche se basaban en accidentes geográficos naturales para establecer sus límites: Ríos, quebradas, elevaciones.
“Si uno ve los títulos de merced que se les entregó a los mapuches se les señala que, por no tener bienes materiales, no tener instrumentos de trabajo y ser pobres, en definitiva, no pueden poseer más de lo que se les concede, que son 50 hectáreas para diez familias”, dice el historiador.
“En cambio a los colonos, que estaban en la misma condición, se les da una vaca con cría, bueyes tablas, clavos, sueldos y salud. Entonces, hay una opción del Estado de colonizar y de ir reduciendo el espacio territorial mapuche”, señala el historiador e indica que el empobrecimiento también sobrevino, al quitarle las mejores tierras ganaderas.
Con la reforma agraria promovida por Eduardo Frei Montalva -presidente de la República durante el período comprendido entre 1964 y 1970 y presidente del Senado en 1973-, el clan no perdió ni un centímetro de sus terrenos.
Ante la demanda mapuche, Jorge Luchsinger cedió de cuatro a seis hectáreas.“Después de cuatro juicios -afirma el historiador- en 1971 debió restituir 56 hectáreas a las comunidades Santos Marihueque, Pedro Tori, Juan Cuyanao, Antonio Canío. Sin embargo, tras el golpe militar de 1973, nadie exigió nada a los latifundistas.
Durante varios años, el conflicto está latente. La Constitución de la República de Chile no reconoce la tierra ancestral mapuche. El Estado estableció que todos los habitantes del territorio son chilenos, sin tomar en cuenta la diversidad, el derecho étnico y cultural.
Un reclamo que involucra a toda la humanidad. La ONU reconoce que los pueblos indígenasconstituyen el 5 por ciento de la población mundial y representan el 15 por ciento de quienes viven en extrema pobreza.
En Chile, el proceso histórico de usurpación territorial mapuche por parte del Estado, los graves efectos en sus poblaciones y el medio ambiente, así como la explotación indiscriminada de los recursos forestales y la acuícolas, grita a los ojos del mundo.
El inicio de la usurpación sistemática de territorios indígenas puede situarse en 1883, cuando se dio la operación a la Comisión Radicadora de Indígenas. Define en su estudio, María José Andrade de la Universidad Pública de Navarra, que “cada ‘comunidad reduccional’ adquiría ‘Títulos de Merced’ por las propiedades en que se le radicaba, pero de las 10 millones de hectáreas que España había reconocido como territorio mapuche, en los parlamentos, se entregaron solo 536.000 hectáreas a 150.000 nativos, dejando a muchos sin tierra”.
De 1908 y 1909 datan los Títulos de Merced concedidos a las diez comunidades mapuches de Vilcún, que rodean los terrenos de los Luchsinger. Las familias mapuche han denunciado los despojos por parte del Gobierno chileno y a manos de los Luchsinger.
Para no olvidar, los “Juzgados de Indios” -que funcionaron hasta la década del 1970- como tribunales encargados de dividir, desintegrar a las comunidades indígenas. Entre 1961 y 1971, los originarios presentaron 1.434 demandas por restitución de tierras, pero los juzgados fallaron a favor de ellos en solo 352 casos, devolviéndoles apenas 3.380 hectáreas.
La Reforma Agraria de 1962, conocida como “Ley de Maceteros”, no implicó una disolución real de los latifundios. El Gobierno de Salvador Allende -presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el violento golpe de Estado en 1973- abrió un gran sentimiento a la demanda por la expropiación y el control de los recursos naturales por parte de campesinos pobres y trabajadores.
El programa de la Unidad Popular de 1970 fijaba como objetivo estratégico la defensa de la integridad del pueblo mapuche; aseguraba la dirección democrática de las comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, y les garantizara tierras suficientes,asistencia técnica y crediticia apropiada.
En marzo de 1971, el presidente Salvador Allende propuso al Congreso legislar sobre la problemática mapuche y, en septiembre de 1972, se promulgó como ley N° 17729. En tres años, fue una de las primeras oportunidades reales para solucionar la situación de marginación política, social y territorial que afectaba a los mapuche desde la pérdida de su independencia.
Se restituyeron 70.000 hectáreas de tierras ancestrales que fueron usurpadas por los terratenientes y crearon 37 cooperativas de producción agrícola. Definió un poder comprador en el Instituto de Desarrollo Agropecuario para adquirir sus productos a precios justos.
Igualmente, se incorporaron a la reforma agraria unas 370 familias mapuche en Cautín y solo en 1973 se les otorgaron 17.000 becas para estudiantes mapuche desde cuarto año de enseñanza básica hasta la universidad.
También se organizaron centros de alfabetización gestionados por las propias comunidades - en base a educación bilingüe- a las que concurrieron más de 27.000 niños, jóvenes y adultos mapuche.
Asimismo, lograron el establecimiento de 70 postas de primeros auxilios basados en la medicina tradicional y la medicina mapuche. A ello se suma la creación de una Corporación de Desarrollo Indígena y el Instituto de Desarrollo Indígena, relata la Biblioteca Virtual Salvador Allende.
En 1979, mediante el Decreto-Ley 2.568, la dictadura militar del golpista Augusto Pinochet eliminó toda la institucionalidad creada anteriormente, devolvió las tierras a los terratenientes y comenzó la subdivisión de las tierras de las comunidades.
Actualmente, sigue vigente la Constitución pinochetista, perpetuadora del orden colonial racista, así como la extrema militarización reforzada por el presidenteSebastián Piñera, quien comenzó su gira por el sur de Chile, poco tiempo después de asumir el mando, con la presentación 'Comando Jungla'.
Este equipo especial de carabineros fue encargado de "reforzar la seguridad" y “combatir con eficacia al terrorismo” en la Araucanía, entrenados especialmente en Colombia y Estados Unidos.
Entonces, lo que sucede hoy es una consecuencia del despojo sistemático de territorios indígenas, donde los mapuche viven en situación de abuso y “pobreza obligada”, en la que el Estado chileno tiene la total responsabilidad con la gente de la tierra, que no la tiene.
