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Se pone el Sol sobre la tierra seca del Chaco y dibuja la silueta de dos niñas. Las sombras giran con la polvareda, bajo sus pies descalzos, mientras danzan alrededor del arbusto que tiene la altura de la mayor de ellas. Verlas jugar con 13 y 3 años de edad, es una imagen enternecedora, o al menos lo era, antes de saber que son madre e hija.
Las niñas pertenecen a la originaria etnia moqoit, donde juegan al atardecer en la Colonia aborigen. Conocida así en Argentina, según el Censo de hace 10 años, se dice que la habita un pequeño conglomerado “urbano” de 1272 personas, para diferenciarla de los ranchos espaciados a 300 metros unos de otros.
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Como a muchas otras niñas argentinas, a la pequeña se le negó el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en 2017, tras ser víctima de abuso sexual. Entonces fue obligada a ser madre a los 10 años.
Eso fue hace tres primaveras, “hoy no sabemos nada de las dos niñas”, reveló una fuente del sistema de salud de Chaco. “Fuimos varias veces a verla y nos decían que no estaba, que se había ido. Se libraron varios oficios judiciales. Pensamos que quizás la familia nos estaba mintiendo, pero no: nos enteramos de que cruzó a Formosa con un tío, el presunto abusador, y está viviendo allá con él. Pero lo cierto es que hoy el Estado no sabe de ellas”.
Fue un caso recordado, mientras se decidía en el Senado la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Las mujeres indígenas levantaron sus voces para debatir sobre de las niñas forzadas a maternar.
‘Iton-no, i-ton-no’.
Juana, una niña wichí dijo balbuceando que “la habían arrastrado”. Era lenta para responder. Algo que los especialistas llaman retraso madurativo, por la diferencia con los niños de su propia edad, las dificultades del habla, de movimiento y socialización.
Sin embargo, jugaba con sus amigas. Era lo que hacía esa mañana bajo el Quebracho. Ese árbol con aspecto de sauce llorón que la acogió sin presentir su quebranto. Fueron en busca del fruto, el Misol, y cuando tuvieron suficiente para saciar el hambre, las otras niñas se adelantaron al regreso, pero ella no volvió a su casa.
Los vecinos la encontraron desmayada, no se sabe cuántas horas después, en la cancha del pueblo Alto de la Sierra, próximo a la frontera con Bolivia y Paraguay. Eso fue en 2015, allí donde viven unas dos mil personas mayoritariamente de origen chorote y wichi.
Se hablaba del chineo. Palabra con suficiente carga opresiva sobre los cuerpos y un estigma colonial cubriendo los territorios.
Es el nombre que recibieron las violaciones en banda de criollos, a mujeres de los pueblos originarios. Es una práctica de siglos, denunciada por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que continúa en la disfrazada de “costumbre”, sin que se diga con mayor fuerza que es “mala”.
“Acá hay muchas niñas madres. Son cosas difíciles de hablar”, comentaban en Alto de la Sierra al abordar el tema. Seis meses más tarde, cuando la menor embarazada de un feto sin esperanza de vida, sufrió una cesárea en condiciones críticas, fue que estalló el asunto.
Juana es el nombre escogido para las redes, de la niña cuyas iniciales son A.M.S. Ella fue la bandera de la lucha por el aborto legal, cuando aún no estaba en agenda política.
En el 2020, los acusados fueron condenados a 17 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una menor. Finalmente cumplen condena los abusadores: Jorge Salas, Juan Verón, Sebastián Salvatierra, Pantaleón Mansilla, Omar Arias, Luis Lamas y otros dos jóvenes por entonces menores de edad que fueron considerados adultos penalmente responsables.
Aun la práctica brutal de la que fue víctima Juana, sigue invisibilizada.
“Pibas de 13 o 14 años cuya pareja cogestante tiene 40. Entonces ahí hay un abuso, porque hay una desigualdad de conocimiento, de poder. Y el sistema de salud, nunca pregunta la edad del cogestante. Está tan naturalizado que usan un término especial para hablar de niñas y adolescentes indígenas embarazadas: ´embarazaditas´. Es horroroso”, dice la doctora Gea Zamora.
Libia Tujuayliya Gea Zamora, es la primera médica wichí de Argentina en 200 años y se formó en Cuba. Trabajó en Buenos Aires y volvió a Santa Victoria Este, Salta, su pequeña patria. A la joven doctora le viene muy de cerca la lucha contra la injusticia. Ella es hija de Octorina Zamora, líder en la contienda contra el abuso sexual en grupo, por parte de criollos, hacia niñas y jóvenes indígenas. Lo que se conoce como “chineo”.
“Es más fácil denunciar los abusos de criollos, que de los propios indígenas. Porque también existe el abuso dentro de las comunidades”, dice enérgicamente la médica wichí.
“Se relativiza constantemente la violación perpetrada por hombres indígenas, diciendo que forma parte de costumbres ancestrales. Eso es igual a decir que los indios son violadores y que a las indias nos gusta que nos violen, porque forma parte de nuestra cultura”, precisa la doctora indígena.
También asegura que al departamento de Santa Victoria -donde el 75 por ciento de la población es originaria- llega toda la canasta de anticonceptivos de Nación y que lo que más se utiliza son los implantes subdérmicos.
“El recurso está, pero mis colegas -médicos argentinos- no están formados en derechos sexuales y reproductivos. En pandemia no se han hecho ligaduras de trompa acá. Le suspendieron la cita a muchas mujeres y algunas ahora están embarazadas”, cuenta y detalla que “en mi Hospital directamente nunca se hizo una Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”.
“Una vez -recuerda- iba en una camioneta hablando de cuántas ILE hacíamos en el centro de salud, donde yo trabajaba en Buenos Aires. Y abrían los ojos así. Una enfermera hasta me dijo: ´yo pensé que te iban a echar, nunca escuché a una médica hablando de aborto´. Pero yo soy ´gallita´, me impongo y le digo que es un derecho”.
“El chineo existe desde hace siglos en nuestras comunidades. Nuestras niñas sufren violaciones por parte de criollos con cierto poder económico y social. Esto es posible por la impunidad que se disfraza de ‘costumbre cultural’, pero esto no es cultura, es un crimen racista y queremos que se termine esta práctica atroz”, expresan desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.
"La violación a las niñas indígenas es criminal, desde hace siglos las niñas indígenas, entre los 8 y 10 años, sufren violaciones por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen a modo de rito iniciático de la sexualidad. Esto es posible por la impunidad que se disfraza de 'costumbre cultural', pero esto no es cultura sino un crimen y queremos que se termine esta atroz práctica", explicó una portavoz de la organización de mujeres, al mismo tiempo que demandó "condena inmediata para los abusadores".
“Cuando algo así le tocó a mi familia -confiesa-, me di cuenta de por qué la gente no denuncia las violaciones: porque es realmente durísimo. Primero, la policía no manda el expediente al juzgado. Te lo deja una semana, quince días. La Justicia dice que vos tenés derecho. No es así. Si sos pilagá y sos pobre, la Justicia es inaccesible”. Noolé Cipriana Palomo es la presidenta del Consejo de Mujeres de la Federación Pilagá de Formosa, es una dirigente indígena de amplia trayectoria.
Argentina aprobó el divorcio en 1987, una ley de educación sexual integral (2006), una para el matrimonio igualitario (2010), y otra de identidad de género (2012).
Una encuesta sobre creencias religiosas en Argentina, realizada en 2019 por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), arrojo que el 62,9 por ciento de los argentinos se declara católico, el 18,9 por ciento, sin religión, y el 15,3 por ciento, evangélico. Refiere el diario La Jornada.
El presidente Fernández, cercano al Sumo Pontífice, Papa Francisco, ya había declarado: "soy un católico que piensa que el aborto no es un pecado". El gobierno calcula que ocurren entre 370 mil y 520 mil abortos clandestinos anuales, en un país de 45 millones de habitantes. Desde la restauración democrática en 1983, hubo más de tres mil mujeres muertas por abortos inseguros.
En paralelo y en la misma sesión, el Congreso aprobó una Ley de los mil días, para acompañar material y sanitariamente a las mujeres de sectores vulnerables que quieran llevar adelante su embarazo, de modo que las dificultades económicas no constituyan un motivo para abortar.
Hasta ahora en Argentina, en teoría el aborto sólo se permitía en caso de violación o de riesgo de vida para la mujer, según una legislación de 1921. La legalización, contempla la objeción de conciencia.
El Senado de Argentina aprobó el 30 de diciembre del 2020, la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, una decisión que lo ubica como precursor de las conquistas sociales en América Latina.
Una trabajadora de salud mapuche- prefiere mantener su nombre en reserva- asegura que allá también “está muy fuerte la cuestión de las iglesias”.
“Hay todo un proceso de evangelización en la Línea Sur, que impacta en la organización de la vida de las mujeres. Pero, aun así, hemos insistido que hay una práctica legal y eso ha permitido que muchas mujeres puedan pedir ILE. Antes era impensable”.
Sentadas en círculo, aprovechan para tejer y dialogar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Tejen también sus duras historias, como si el entramado colectivo, les suavizara el alma. Femicidios, abusos sexuales a niñas y el mandato social sobre la maternidad, son parte de los relatos que antes callaban.
“Yo quiero que a esa adolescente se le respete su decisión, sea la que sea. Son sus derechos sexuales y reproductivos. Si quieren tener hijos o no. Cuántos hijos quiere tener, con quién tenerlos. Son cuestiones muy primarias, pero muy complejas por las situaciones de violencia, por cómo arrasa el patriarcado en nuestras localidades. Acá la maternidad es el único destino”, señala la trabajadora social mapuche.
“La legalización del aborto -continúa-, va a generar otra apertura. Venimos de un tiempo donde se les pedía autorización a los maridos, hasta para que la mujer se pudiera hacer una ligadura de trompas. Mujeres que pasan treinta años con parche, DIU, pastillas. Una sobrecarga en nuestros cuerpos. Pero ofrecer vasectomía, no. De eso no se habla”.
Todo se le hace más difícil a la mujer mapuche. Cuando los profesionales de salud son objetores de conciencia, ellas tienen que ir con médicos que están a 100 o más kilómetros de distancia. Incluso para el acceso a ILE y a ligadura de trompas, también. Tienen que viajar, mientras los hombres están en las labores del campo, sin nadie que las acompañe, en ocasiones teniendo otros hijos en casa, por lo que muchas deciden no hacerlo.
Cada seis minutos una adolescente entra a una sala de partos en la Argentina. Apenas hace un año, saltó la noticia del engaño y la obligación de parir, para una niña de Tucumán.
La niña Lucia y su madre, expresaron su voluntad de interrumpir el embarazo. “Nosotras las vamos a acompañar al hospital”, nos dijeron. Pero resulta que a Lucia y a su madre, no les dieron tiempo y se las llevaron directamente a Tucumán.
La retuvieron en un hogar hasta que llegara a término del embarazo y la hicieron parir. “Mujeres de acá, que le prometieron una casa para que no abortara”, comentaron mientras la madre no sabía qué hacer. Dilatada la interrupción del embarazo de la niña con 16 semanas de gestación, dos intentos de suicidio y obligada a parir por cesárea.
Los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, indican que durante 2018 hubo en la Argentina 685.394 nacimientos, de los cuales 87.118 fueron de niñas y adolescentes menores de 20 años. De esos partos, 2350 correspondieron a niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años. Las estadísticas en salud no registran la etnia, por lo que se oculta el proceso cultural en esta trama.
Se sabe que siete niñas menores de 15 años paren diariamente en Argentina. En provincias del Norte -como Chaco, Formosa o Misiones-, este porcentaje es aún mayor: uno de cada cinco nacimientos corresponden a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.
Estos datos forman parte de la Campaña Puedo Decidir, que desarrolló la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), UNICEF, Amnistía Internacional Argentina, FUSA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación Huésped y otras.
“Hace un tiempo logramos sacar al director del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) por violador”, afirma Laura Liendro. Por eso, ante sus problemas, las chicas no iban a verlo. Todo fue en silencio, hasta que una habló y detrás tres lo dijeron todo, incluso una menor.
Se trata de Eugenio Guantay, que durante veinte años fue director y médico del único CAPS de la zona, en Colalao del Valle. “El único médico que atendía acá es un violador”. Ahora está esperando juicio. Todas las chicas abusadas eran de la Comunidad India de Quilmes.
La movilización social de las mujeres argentinas en favor del derecho a decidir sobre su cuerpo, posibilitó eliminar un obstáculo ancestral, pero la lucha por la conciencia y el respeto, es tarea larga y de todos los días.
