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El presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, acusó el pasado miércoles 20 de septiembre al Estado español de suspender "de facto" el autogobierno de Cataluña con el objeto de impedir la celebración del referendo independentista del 1 de octubre.
"El Estado español ha suspendido de facto la autonomía de Cataluña", declaró Puigdemont, tras convocar de urgencia una reunión del Consejo Ejecutivo de su Gobierno, después de que al menos 14 altos cargos catalanes fuesen detenidos por la Guardia Civil.
Leyes y anulaciones
El Parlamento catalán aprobó el pasado 6 de septiembre la Ley de Referendo para la Independencia de Cataluña con 72 votos a favor y 11 abstenciones.
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El 7 de septiembre, el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, exigió al Tribunal Constitucional (TC) suspender la decisión del Parlament.
Al día siguiente, el TC decidió suspender la norma del referendo aprobada por el Parlamento de Cataluña, en la que regulaba la consulta independentista del 1 de octubre.
Los magistrados decidieron aceptar los recursos de inconstitucionalidad presentados por Rajoy: contra la convocatoria firmada por el presidente catalán; contra las normas de la ley, y contra el nombramiento de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral.
El TC notificó su decisión a Puigdemont, a los alcaldes de Cataluña y a todos los miembros del Gobierno para que no preparasen el referendo. También advirtió que de no acatar la resolución podrían ser penalizados.
Cataluña pretende celebrar el referendo
A pesar de la decisión del Tribunal Constitucional en contra de la consulta independentista, el govern (Gobierno de Cataluña) decidió llevar a cabo el referendo.
Por orden del Estado español la Guardia Civil decomiso más de nueve millones de papeletas y carteles referidos al referendo, el Gobierno de Cataluña consiguió resolver esta situación subiendo dos archivos descargables en la web: una papeleta y un cartel.
El 20 de septiembre agentes de seguridad españoles detuvieron a 14 personas y registraron a otras 41, acciones que han sido aprobadas por Rajoy, ya que considera que han sido por el cumplimiento de la ley de España.
Ante el acto policial y represor del Estado, Puigdemont declaró que se "ha suspendido de facto el autogobierno de Cataluña y ha declarado un estado de excepción".
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Analistas han señalado que la independencia de Cataluña podría ser un problema más profundo para España, ya que los ingresos del territorio catalán representan el 19 por ciento del Producto Interno Bruto del país, esto podría significar que la economía española se reduciría un 25 por ciento.
El analista internacional Iñaki Gil de San Vicente en entrevista a teleSUR explicó que la actual situación en Cataluña "se puede definir como el choque de dos poderes, el poder oficial español y el del pueblo catalán en base a su voluntad de decidir”, y agregó que “el Estado español constitucionalmente es propietario de Cataluña”.
Democracia inexistente en Cataluña
“Cerca del 75 por ciento de los catalanes, reivindican el derecho a un referendo para decidir qué quiere. El Estado español niega este derecho, argumentando que Cataluña no tiene derecho a elegir ya que eso es un hecho que le concierne a toda España”, explica Gil de San Vicente.
El analista indicó que hay un enfrentamiento de legitimidades “un choque entre dos legitimidades: una legitimidad falsa, que es la española y otra que tiene la voluntad popular de cataluña de decidir cómo quieren ellos colectiva y democráticamente organizar sus vidas”.
Gil de San Vicente comento que el enfrentamiento entre Madrid y Cataluña es de larga data y destacó que las detención de los funcionarios catalanes demuestra la fuerza del poder central frente a la del gobierno provincial de Cataluña.
"Por esto ocurren los 14 detenidos, el registro de locales llenos de materiales y incautación de los mismo, esta haciendo daño a catalanes” dijo San Vicente
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Gil de San Vicente comentó que los diferentes Gobiernos españoles han mitigado cada vez más al pueblo catalán.
“Las opresiones que ha hecho Rajoy, y otros gobiernos anteriores a él, básicamente es irle reduciendo paulatinamente las atribuciones económicas y políticas que el régimen del estatuto catalán permitía”.
Agregó que “los que catalanes dicen son dos cosas, que ellos son el sujeto con respecto al Estado español, y segundo que tienen el derecho a hacer una ley de transición al futuro basándose en resultado mayoritario de un referendo,"
"Lo que decidan los catalanes en mayoría, si estos deciden la independencia entonces se aplica, y que no hay Estado ni nadie que pueda negarlo” dijo San Vicente
El analista comentó que la postura del Gobieno español de impedir la consulta independentista se basa en las leyes negociados por los partidos españoles tral el fallecimiento del dictador Francisco Franco.
“Las leyes españolas fueron puestas y negociadas por los partidos españoles que caducaron en el año 78, a las exigencias de la dictadura franquistas, por lo tanto son leyes que favorecen a españa que limitan el derecho a los pueblos, de los parlamentos autonómicos, entre otros” afirmó Gil de San Vicente.
A favor del pueblo popular catalán
Más allá de la independencia de España, la consulta podría beneficiar al pueblo catalán. “Los beneficios que traería es de reconocer que ellos son sujetos de sí mismos; la capacidad del pueblo catalán de organizarse a sí mismo; la cualidad de disponer por sí mismo de todos los recursos que se tiene, sin tener que entregar parte de esos recursos al Estado español; podría decidir cuales alianzas establece; que criterios económicos puede establecer, entre otras cosas”. sentenció Gil de San Vicente
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“Los ricos de Cataluña y la alta burguesía catalana no quieren el referendo, quieren seguir dentro de España. Quienes quieren este referendo es el pueblo trabajador, los pequeños empresarios”. “La burguesía no quiere que el pueblo pueda expresarse, tienen miedo y quieren proteger sus negocios”. expuso el analista vasco Iñaki Gil de San Vicente.
