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    Familiares de desaparecidos en España demandan justicia y reparación

La Ley de Amnistía de 1977 beneficia los delitos y faltas cometidos por "autoridades, funcionarios y agentes del orden público" de dictadura, por lo que los crímenes del franquismo no pueden ser investigados por la Justicia espñola.

La Ley de Amnistía en España llega a 40 años sin que varios de los crímenes cometidos durante el régimen franquista (1938 a 1973) hayan sido investigados por las autoridades judiciales por lo que varias organizaciones de derechos humanos demanda Justicia y reparación.

El Congreso de los Diputados aprobó el 15 de octubre de 1977 por la ley impulsada, entre otros, por el Partido Comunista, que se consideró clave en la reconciliación entre españoles.

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La norma aprobada por las Cortes afectaba a delitos de intencionalidad política, también de rebelión o sedición. Pero el texto también beneficiaba a los delitos y faltas cometidos por "autoridades, funcionarios y agentes del orden público", lo que cerraba la puerta en un futuro a investigar a los cargos franquistas con crímenes a sus espaldas.

En octubre de 1977 el Congreso español aprobó la Ley de Amnistía. Foto Publico.es

La ley buscaba terminar de vaciar las cárceles de aquellas personas que habían luchado contra la dictadura. Sin embargo, los años pasaron y con la democracia asentada, víctimas de la dictadura y colectivos ciudadanos vieron la oportunidad de acceder a la Justicia de una democracia para pedir explicaciones a los responsables de la dictadura. 

Con el pasar de los años y los diferentes gobiernos españoles la Ley de Amnistía de 1977 se convirtió  en la excusa perfecta de los poderes del Estado para rechazar cualquier petición de Justicia por parte de las víctimas. 


Estado complice

Para el profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael Escudero, el ejemplo más evidente se dio en la sentencia de 2012 del Tribunal Supremo que rechaza la posibilidad de investigar en sede judicial española los crímenes del franquismo y calificá la Ley como “pilar básico e insustituible de la transición española” y, a partir de ahí, se la esgrime como argumento central para rechazar toda investigación.

Familiares de victimas del franquismo demandan justicia. Foto: tomalapalabra.periodismohumano.com  

En 2011 el Partido Popular (PP) Partido Socialista Obrero Español ( (PSOE) y Convergencia y Unión (CiU) rechazaron  por mayoría absoluta la proposición de ley para modificar la Ley de Amnistía y que no permitiera la impunidad.  

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El Ministerio Fiscal ha recurrido hasta en tres ocasiones a la Ley de Amnistía para impedir a los jueces españoles colaborar con la justicia argentina en la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes de la dictadura.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España rechazó en dos ocasiones las solicitudes de extradición a Argentina de 19 ciudadanos españoles acusados de cometer crímenes de derecho internacional. 

El actual Gobierno español  ha invocado la Ley de Amnistía para justificar la negativa del Estado a juzgar los crímenes franquistas ante El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Desaparición Forzada; y Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación.


 40 años de impunidad

Los 40 años de impunidad sobre los crímenes del franquismo han dejado  a la fecha al  menos 114.226 desaparecidos, 2.500 fosas comunes aún por exhumar. 

Tampoco hay ninguna investigación ni ningún responsable por los alrededor de 400.000 presos políticos que fueron utilizados como trabajadores forzados ni sobre las empresas que los emplearon.

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Las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y detenciones continúan figurando como delincuentes para la Justicia española, así como los que fueron 'ajusticiados' por los franquistas durante la Guerra y los primeros años del régimen franquista.

Los diferentes organismos internacionales que han pedido a España que derogue la  Ley de Amnistía han señalado que la falta de voluntad política es la principal razón para investigar y condenar los crímenes de la última dictadura española.


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