La cultura de la corrupción en Puerto Rico

Cuando hace dos décadas el fiscal federal Guillermo Gil, del tribunal de Estados Unidos impuesto a Puerto Rico, dijo que “la corrupción pública respondía al nombre y apellido del PNP (Partido Nuevo Progresista)”, escribí que el PPD (Partido Popular Democrático), también era parte del pillaje politiquero.

En ese momento histórico, a finales de la década del 1990 y principios del 2000, más de cuarenta (40) servidores públicos habían sido encausados criminalmente por corrupción. Todos formaban parte del nefasto gobierno anexionista de Pedro Roselló González (1992-2000).

En esa época todavía la cantidad de alcaldes juzgados y condenados, estaban en una fase incipiente. Veinte años después ya sumaban más de 400 personas convictas por corrupción solamente en la esfera federal. Todos identificados como activistas de ambas colectividades PPD-PNP, según estadísticas ofrecidas públicamente por el Presidente Donald Trump, el maestro de la corrupción corporativa en USA.

Con esas centenares de convicciones, es más que evidente que se trata de una cultura de la corrupción estrechamente ligada a la privatización de los servicios públicos. Grandes empresarios de ambos partidos han estado detrás del telón. Por eso, es importante que se le asignen responsabilidades a los inversionistas políticos y empresarios privados neoliberales.

Sin duda, esta ausencia de principios éticos y morales, ya está entronizada en las más altas esferas y estructuras de dirección de ambas colectividades anexionistas y colonialistas. Desde Luis Ferre (1968-1972), pasando por Hernández Colón (1972-1976), y los demás que han utilizado la política partidista para jugosos beneficios personales y de sus amigos del alma neoliberales.

De hecho, economistas muy respetados han estimado el dinero perdido por la corrupción política, en más de mil millones anuales. Lo peor es que como parte de las convicciones, no se les ha obligado a los culpables a devolverle al erario público todo lo robado. Esta realidad lo que hace es estimular la corrupción.

Como prueba de este fenómeno, que ya se acerca al medio siglo de trampas y pillaje politiquero, también se han encausado y condenado a decenas de legisladores y funcionarios públicos de alto nivel, muy cercanos a varios gobernadores PNP-PPD.

Hasta ahora solo fue llevado al tribunal federal Aníbal Acevedo Vilá (PPD), por una fiscal activista del PNP y se desestimaron los casos.

Insisto en que el origen de este proceso tan denigrante y contra la confianza depositada por el pueblo, puede trazarse a las administraciones de Luis Ferre y de Hernández Colon. El primero, utilizando su poder económico para acercar a los grandes empresarios a apoyar a su partido y a su gobierno anexionista.

El segundo, creando el primer club político de empresarios en apoyo a una organización político partidista colonial (PPD).

Por todo lo anterior, pienso que el último gobernador que mantuvo la honestidad y la ética gubernamental como un principio de su gestión, fue Roberto Sánchez Vilella del 1964 a 1968.

Después la enfermedad de la corrupción creció vertiginosamente en ambos partidos, a través de los grandes empresarios privados que comenzaron a subsidiar las campañas electorales en gran escala.

Por el PNP, destacan históricamente aquellos sectores económicos vinculados al lucrativo negocio del cemento y por el PPD, a la esfera de la construcción pública. Otros intermediarios del capital extranjero de USA, también se unieron a la comparsa de la corrupción partidista. El método siempre ha comenzado por el respaldo financiero electoral, con la promesa de luego ser recompensados.

Estos criminales de cuello blanco, se dedicaban antes igual que hoy, al pago ilegal en efectivo a los funcionarios públicos, sobretodo en las campañas por las alcaldías.

De ahí, que al momento ya suman veintitrés (23) alcaldes de ambos partidos convictos por corrupción, en las últimas tres décadas. Curiosamente, la lucha por el campeonato de alcaldes encarcelados se mantiene muy pareja y podría nivelarse próximamente, con las acusaciones al alcalde de Mayagüez del PPD.

Por último, un factor esencial que promueve la cultura de la corrupción PNP-PPD, es la impunidad que prevalece por la irresponsable inacción del Departamento de Justicia y de la Oficina del Fiscal Especial (FEI).

Ambas instancias reflejan una política de arrastrar los pies y hacerse de la vista larga. Esto aplica también a ambas colectividades colonialistas, pues sus respectivos directivos siempre responden al interés partidista y no a defender al pueblo de Puerto Rico.