Sólo lo que Macri quiere

El Gobierno de Mauricio Macri profundiza sus avances contra las libertades en Argentina. Presos políticos, manipulación informativa al calor de los deseos oficiales y hostigamiento a periodistas disidentes son algunas actitudes sintomáticas que ensombrecen el presente del país latinoamericano.

El reciente despido del periodista Víctor Hugo Morales  de la televisora C5N y el paulatino cierre de medios de comunicación son apenas muestras de un clima de época que vive la Argentina desde la asunción del presidente Mauricio Macri. Y es que desde diciembre de 2015 se han incrementado los hechos que evidencian la intentona oficial por acallar voces disidentes e instalar como único el relato gubernamental. En perspectiva, puede concluirse que la censura a la señal teleSUR ha sido la punta de lanza con la que el macrismo inició su embestida. 

Hace dos semanas, Víctor Hugo anunciaba a través de su perfil en Twitter que las flamantes autoridades de la emisora informativa habían decidido desafectarlo de la conducción del telediario vespertino. El prestigioso periodista, férreo crítico de la trayectoria política de Mauricio Macri, calificó su despido como “previsible” y alertó por el grave momento que atraviesa la libertad de expresión en Argentina. Lo llamativo – o mejor dicho, preocupante – del caso de Morales, es que es la segunda vez que lo despiden en menos de dos años: ya en enero de 2016, un mes después de la asunción de Macri, las autoridades de la radio Continental le impidieron realizar su programa “La Mañana”, algo que el conductor logró informar irrumpiendo en el estudio.

Junto a él fue despedida la periodista Cynthia García, quien desde hace ya un tiempo viene denunciando la existencia de “listas negras” de comunicadores opositores a la actual gestión de Gobierno a los que, según dicen, se les impide trabajar en los medios de comunicación por sus opiniones políticas. A través de su portal #LaGarcía, la también docente universitaria ha inaugurado una forma de “romper el cerco mediático”: aprovechando su popularidad en las redes sociales diariamente informa acontecimientos que son ocultados o relativizados por las empresas de comunicación tradicionales. El alcance de muchos de los artículos que publica en su sitio multiplataforma superan las decenas de miles de espectadores, que son magnificadas exponencialmente por las réplicas en Facebook o Twitter.

Esta dinámica fue adoptada hace algunos meses por el periodista Roberto Navarro, quien sumó a su web El Destape la emisión del programa de TV que tenía en la señal C5N. Con una impronta crítica a la gestión macrista, este envío que lideraba el rating del cable en la franja nocturna de los domingos fue bruscamente  levantado a mediados de septiembre. A partir de ese momento, Navarro transmite vía YouTube y supera ampliamente la audiencia de algunos canales de aire, evidenciando el especial interés que despiertan las críticas al Gobierno. Críticas que, muchas veces, son acompañadas por investigaciones periodísticas que implican a funcionarios gubernamentales.

“Mauricio Macri y los jueces que trabajan con el Gobierno generaron 19 causas contra los exdueños de C5N y los llevaron a determinados niveles de presión para, exigirles algunos despidos y luego que vendan el canal. Toda esa es una presión que está ejerciendo el Gobierno”, explicó Navarro al ser consultado en la Radio Estación Sur de Argentina sobre su reciente desvinculación, de la que subraya que “no fue una decisión empresaria, sino que fue bajo presión”. 
 
De hecho, en una de sus últimas emisiones en el canal C5N, el periodista Horacio Verbitsky documentó cómo familiares y asesores directos del presidente Mauricio Macri accedieron al polémico blanqueo de capitales con el que el Gobierno otorgó un indulto económico a los evasores impositivos. Esa investigación, publicada también en el periódico Página/12, hizo tambalear a las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos y motorizó la abrupta salida del prestigioso investigador del diario, en medio de fuertes presiones al principal accionista de ese medio, el sindicalista peronista Víctor Santa María.

Luego de más de un mes sin publicar sus tradicionales columnas dominicales, Verbitsky confirmó su salida del medio alegando que se abocaría a  “cuestiones pendientes que demandan mucha atención”. Más allá de su versión, su “pausa” – como él mismo la denominó – del diario en el que escribió por más de 30 años sólo puede leerse en el contexto de la fuerte presión del macrismo sobre Página/12 y sus propietarios.

Para sus campañas difamatorias el Gobierno se vale de la alianza forjada con las principales empresas comunicacionales de la Argentina. Así, en las páginas de los diarios La Nación o Clarín, y en sus señales de radio y TV, se adelantan los embates y se anuncian a quiénes “apunta” el Gobierno. El agravante es que, como nunca, los medios de comunicación tradicionales están encolumnados detrás del Gobierno. Para ello, el Ejecutivo apela a una maniobra constante de los gobiernos argentinos, que ha tenido incluso repercusiones en organismos internacionales, como la Corte Interamericana: la pauta oficial. El reparto discrecional y discriminatorio es decisivo para muchos medios. Por ejemplo, la AM 750, propiedad del mismo grupo empresario del diario Página/12, denunció semanas atrás que, a pesar “de estar en pleno crecimiento, prácticamente no recibió pauta” oficial por parte del Gobierno. Una represalia clara por las críticas constantes que se vierten desde esos medios.

Horas después de la publicación de su explicación, Verbitsky anunció que incursionaría en los medios digitales a través de la web elcohetealaluna.com El nombre del sitio se vincula a la filtración de una declaración del mandatario argentino que publicó el diario Clarín a inicios de octubre, en donde se atribuía a Mauricio Macri la confección de “una lista de argentinos que frenan el cambio en el país” y que deberían ser enviados “en un cohete a la luna”. 

En lo que va del Gobierno de Mauricio Macri fueron despedidos más de 2500 periodistas, y las perspectivas no son alentadoras. Por caso, la tradicional agencia de noticias DyN, fundada en 1982, cerró sus puertas a finales de noviembre, dejando a la deriva a un centenar de trabajadores de prensa.

Pero esto no ha de sorprender, por ejemplo, a los lectores y televidentes de teleSUR, puesto que la embestida macrista se inició con la censura a la señal informativa latinoamericana.  En consonancia con el alineamiento de Macri con la derecha internacional, una de las primeras medidas de su Gobierno fue quitar las transmisiones de la multiestatal del servicio público de Televisión Digital Terrestre, privando a millones de argentinos del acceso a esta cadena de noticias. TeleSUR fue reemplazado por el canal LN+, propiedad del diario oficialista La Nación, que a su vez es uno de los beneficiarios preferenciales de la pauta oficial. De esta manera, el Gobierno se encamina a cumplir su objetivo principal, que es unificar el discurso informativo con el relato oficial a través de la configurarión de un espectro mediático adicto para ocultar las deficiencias y las críticas hacia su gestión. El Gobierno no quiere que se hable de una realidad que ha devuelto al país latinoamericano  conceptos que remiten a las peores épocas: el cautiverio ilegítimo de Milagro Sala ha hecho que se vuelva a hablar de “presos políticos” y ha dejado a la Argentina al borde de una penalización de la Corte Interamericana tras el incumplimiento de los pedidos de la CIDH. A la vez, la nación suramericana se ve conmocionada por el reciente asesinato de un joven mapuche, Rafael Nahuel, que fue baleado por la espalda por prefectos federales. Una muerte que se sumó al fallecimiento de Santiago Maldonado en medio de un operativo irregular de la Gendarmería Nacional.
 
La tan mentada “pluralidad de voces” que prometía el empresario Macri en su campaña electoral no fue más que un mero eslogan proselitista muy lejano a la realidad que hoy se vivencia. Realidad que, en muchos casos, debe ser contada en medios alternativos por periodistas que deben surcar el avasallamiento oficial y la estigmatización propiciada desde las empresas comunicacionales alineadas con el Gobierno. De a poco, en Argentina, se empieza a ver, leer y escuchar sólo lo que Macri quiere.