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El Movimiento de Afectados por Represas denuncia que la decisión del STJ contribuye a la impunidad de las empresas involucradas, especialmente Vale, en relación a las 272 muertes.

El Movimiento de Afectados por Represas denuncia que la decisión del STJ contribuye a la impunidad de las empresas involucradas, especialmente Vale, en relación a las 272 muertes. | Foto: Twitter @MAB

Publicado 22 octubre 2021



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Los afectados por la rotura de la presa Brumadinho, Brasil quieren exigen juzgar a los culpables del crimen de 2019.

El Movimiento de Afectados por Represas (MAB) y la Asociación de Familiares de Víctimas y Afectados por el Reventón de la Represa Mina do Feijão, de Brumadinho (Avabrum) repudiaron este viernes la respuesta del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil de no celebrar el juicio con carácter estatal, sino federal.

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La declaración del MAB y la Avabrum recuerda al Ministerio Público de Minas Gerais que la rotura de la presa Vale en el arroyo Feijão, en Brumadinho, el 25 de enero de 2019, provocó la muerte de 272 personas, nueve de las cuales siguen desaparecidas.

Los integrantes de la Sala Sexta de la Corte Superior de Justicia (STJ) respondieron a una solicitud de federalización del caso realizada por la defensa del expresidente de Vale, Fábio Schvartsman, quien se encuentra entre los imputados. 

Según los demandantes, quedaron sorprendidos por la decisión del STJ que retira la decisión de la sentencia en Minas Gerais y la lleva al ámbito federal, pues aducen que se trata de una estrategia de Vale para quedar impune. 

El MAB y Avabrum, representados por su presidenta, Alexandra Andrade Gonçalves, quieren que se revoque la decisión del STJ para que la acción vuelva a nivel estatal y el caso sea juzgado lo antes posible. 

A pesar de la cancelación de la recepción de la denuncia, la decisión del STJ no invalida la investigación que adelantaba el Ministerio Público de Minas Gerais, la cual, de hecho, podría ser aprovechada en su totalidad, dicen desde el MAB.

No obstante, la decisión significa que el proceso penal vuelve al punto de partida y ahora la Fiscalía federal tendría que presentar una nueva denuncia que, de ser aceptada, sería juzgada por la Corte Federal, pero alertan que existe el peligro que ello no suceda.


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